
Continúa el cierre de plantas para quemar basura WTE en Estados Unidos
En 1990 funcionaban más de 180 incineradoras de basura, hoy sólo quedan 63 operando y se siguen cerrando. Aquí el listado de plantas clausuradas.
La Fiscalía de Alta Complejidad obtuvo la condena de un armero de Angol y otras 3 personas por el delito de tráfico ilícito de municiones, por la venta de 550 proyectiles de alto calibre que tenían como destino la comunidad Temucuicui de Ercilla.
La Región21/01/2022En el juicio desarrollado en el Tribunal Oral de Angol, el fiscal Enrique Vásquez acreditó que el 7 de noviembre de 2021 Eduardo Cole González de 62 años, propietario del local “Cole Armería” vendió 400 municiones calibre 38 (de revólver) y 150 calibre 44 (rifle) a Daniel Queipul Pallaleo (22) y su padre Sebastián Queipul Marillán (48), ambos con domicilio en Temucuicui, en la suma de $600.000, que estos últimos pagaron en efectivo.
Además del vendedor y los compradores fue condenado Gustavo Alarcón Reyes de 25 años, quien actuaba como intermediario en la venta ilícita de municiones.
Las pruebas reunidas en la investigación de la Fiscalía de Alta Complejidad y la Brigada de Crimen Organizado de la PDI permitieron establecer que los destinatarios finales de las municiones eran los condenados Daniel y Sebastián Queipul, y Kevin Espinoza Cifuentes, este último yerno del werkén de la comunidad Temucuicui Jorge Huenchullán y prófugo de la justicia en causas por tráfico de drogas, homicidio frustrado a Carabineros y robo con violencia calificado.
Las municiones iban a ser utilizadas ese mismo día en Ercilla, como se desprende de un llamado telefónico autorizado judicialmente del teléfono de Alarcón que fue exhibido en el juicio y el fiscal Enrique Vásquez está solicitando para los vendedores y compradores de la munición penas de 7 y 9 años de presidio, respectivamente, sentencia que será comunicada el próximo 28 de enero.
Segunda condena
Esta es la segunda condena que obtiene la Fiscalía de Alta Complejidad en investigaciones por tráfico de municiones asociadas a la violencia rural.
En agosto fueron condenados Juan Licán Manquel, de la comunidad Temucuicui de Ercilla, y Brayan Figueroa Jara, con domicilio en Angol, detenidos en junio de 2020 a bordo de un taxi en el que trasladaban una bolsa plástica que contenía 96 municiones de escopeta calibre 20.
Del análisis de los celulares de los acusados se pudo establecer que coordinaron vía aplicaciones WhatsApp y Facebook la transacción de dichas municiones, primero a cambio de marihuana cultivada por los compradores y luego por una suma de dinero. Ambos fueron sentenciados a la pena de 3 años y un día de presidio efectivo.
En 1990 funcionaban más de 180 incineradoras de basura, hoy sólo quedan 63 operando y se siguen cerrando. Aquí el listado de plantas clausuradas.
El legislador resaltó la importancia de este proceso para la provisión de alimentos en la región y manifestó su compromiso en buscar una solución a esta situación.
Este 1 de abril la fundación de Alberto Hurtado inicia una activa campaña para sumar socios que contribuyan a fortalecer y aumentar los servicios de atención domiciliaria de personas mayores.
"Cuando se hace la paz, se hace la paz con los que están en guerra, ese es un principio elemental ... si uno conversa con los amigos, bueno, no conversa con nadie”, dijo.
La máxima autoridad regional es la primera en el país en declarar que este sistema de tratamiento de residuos sólidos es lo que se quiere hacer para la región.
$4.700.000 ganaría el gerente interino y $3.500.000 un operador político. Sin embargo, un "error" administrativo los dejó sin recursos para las remuneraciones de este año.
La mujer y su pareja difundían fotografías y videos íntimos, incluso manteniendo relaciones sexuales, material distribuido a través de X (Twitter) y de Arsmate. Se les denunció además de estafar adultos mayores.
La situación golpeará fuertemente al Municipio, pero un decreto firmado por el Presidente Boric les permitirá cerrar anticipadamente, sin pagar la "multa" de $14.131 millones que corresponde.
En otra de las aristas del caso "Convenios", se investiga la asignación fraudulenta de recursos a particulares relacionados a autoridades o políticos.
Las palabras "F. Fisco", "Cohecho", "Delito", "Encubridor" y "Folab", entre otras, son las que se pueden leer en el elemento sacado ayer de la oficina por la PDI.
$4.700.000 ganaría el gerente interino y $3.500.000 un operador político. Sin embargo, un "error" administrativo los dejó sin recursos para las remuneraciones de este año.