Mediante un comunicado se adjudicaron un violento atentado que dejó a lo menos 11 cabañas y vehículos quemados en el Biobío. Exigen además que los abogados del Gobierno “no se presenten a alegar” en causa en la Corte Suprema el próximo lunes.
La Región02/04/2022
Catalina Sánchez Hidalgo
Fue uno de los hechos más violentos desde que terminó el Estado de Excepción en la Macrozona sur. Y es que más de 10 cabañas y otros vehículos resultaron totalmente destruidos producto de un nuevo ataque incendiario en la zona. Esto, sumado a la quema de cuatro camiones en La Araucanía esta semana.
Este hecho se registró la noche de este viernes en el sector de Paillawe, a orillas del lago Lanalhue, y dejó a un numero importante de viviendas quemadas por acción de terceros. Un ataque adjudicado por la Resistencia Mapuche Lavkenche quienes mediante un comunicado enviado a varios medios de comunicación, entre varios puntos acusaron que el gobierno de Boric solo estaría presentando "simbolismos".
Y es que no solo eso, sino que señalaron y acusaron que el nuevo gobierno y su administración a menos de 20 días de haber asumido, demostrarían "el desconocimiento absoluto del conflicto territorial que se vive en Wallmapu".
"El fracaso de la ministra Izkia Siches en Temucuicui y del Subsecretario Manuel Monsalve, en Cañete, sumado a las decisiones políticas adoptadas en materia de seguridad en las zonas en conflicto...", señalaron.
Apuntaron incluso, a que el gobierno de Boric intentó mediante simbolismos mostrar una "cara permisiva y amable frente al conflicto territorial", a su juicio, utilizando la palabra "Wallmapu", lo que por cierto, ha sido muy cuestionado por parlamentarios.
Pero en dicho comunicado, no solo de adjudicaron este atentado, sino que más bien, dejaron de manifiesto algunas de la condiciones que en caso de cumplirse, podrían dar paso al dialogo que busca entablar el gobierno con todos los actores involucrados en el denominado conflicto.
Cómo ya es sabido, una de estas, es la liberación de los denominados presos político mapuche, en donde señalaron que existirían cerca de 50 en las cárceles del sur. Sin embargo, desde el gobierno no han mostrado una postura clara en torno a si hay o no, presos de este tipo, llamados por el Subsecretario "de conciencia".
Siendo otro tema importante lo que ellos apuntaban como "militarización" en el "Wallmapu". Pero a pesar de que esta medida, del Estado de Excepción y que se mantuvo por seis meses en La Araucanía y el Biobío, finalizó este sábado 26 de marzo, el enojo se "mantuvo".
Medida que fue valorada por algunos diputados, pero rechazada por otros. Pese a que las comunidades se mostraron a favor del término de ésta, lo generó la molestia es que el gobierno habría solicitado la mantención de carros blindados para dar mayor equipamiento a las policías, con el fin de mantener la seguridad.
"La perspectiva del gobierno ha quedado clara, al evadir la situación de los PPM y reforzar militarmente a las policías tras el término del estado de excepción descartando, tácitamente, una posibilidad de diálogo que permita resolver el conflicto actual", expresaron.
Así, desde el órgano que se adjudicó el violento atentado, expresaron: "llegó el momento de que el gobierno de Boric fije posiciones, si quiere en parte lograr un esclarecimiento histórico y avanzar hacia la anhelada paz al sur del Biobío, tal como lo han señalado sus personeros de Interior".
Lo que para ellos, significa, al menos, hacer gestos reales más allá de los simbolismos ineficaces que ha mostrado en estas primeras semanas de gobierno, según expresaron. En esta línea, es que exigieron en primer lugar, que el gobierno ordene a sus abogados que dijeron, son parte de la "persecución a los PPM de Elicura" no presentarse a litigar en los alegatos del recurso de nulidad que se discutirá este lunes 4 de abril en la Corte Suprema.
Así también, el retiro inmediato de todas las querellas en las cuales el "gobierno es persecutor en causas mapuche". Sumado a la destitución de todos los "abogados de las delegaciones provinciales que han litigado en las causas mapuche".
Y es que lo "grave" va en que estas y otras medidas se deberían cumplir en tan solo 48 horas, lo anteriormente señalado y también, el traslado inmediato a los Centros de Estudio y Trabajo de todos los "Presos Políticos Mapuche" condenados que ya cumplen con los requisitos.
"Es el piso mínimo para recién evaluar tener algún tipo de diálogo con el actual gobierno que permita descomprimir los niveles de conflictividad existentes en Wallmapu", aseguraron.
Así las cosas, que en caso de no cumplir con los requerimientos de este Órgano de Resistencia Territorial, advirtieron que en los próximos días, se articularán nuevas movilizaciones en todos los territorios. Tal como ya se ha visto en algunos fundos en la Macrozona Sur.
La narrativa predominante sostiene que "darles más tierras es un privilegio" (47,3%), lo que refuerza percepciones de injusticia y una crítica a la equidad del proceso.
Distintos medios de comunicación le expusieron su molestia a la secretaria de estado cuando se acercó a la ceremonia de implementación del nuevo SAPU.
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