La Fiscalía de Alta Complejidad obtuvo la condena además a un particular investigados por un delito de tráfico ilegal de municiones que tenía como destinatarios a integrantes de comunidades en Ercilla.
La Región 27/04/2022
Catalina Sánchez Hidalgo
Fue a través de medidas intrusivas, específicamente interceptaciones telefónicas, que se pudo determinar que el condenado Raúl Esparza Veloso compraba ilegalmente municiones a particulares que mantenían armas inscritas con la finalidad de revenderlas en comunidades radicalizadas del sector Collico.
En cuanto al gendarme, Juan Concha Sepúlveda, la investigación determinó que su participación era adquirir las municiones amparado en sus permisos legales para la tenencia de armas de fuego.
En el juicio, la Fiscalía acreditó que en septiembre de 2021, ambos condenados acudieron hasta la ciudad de Chillán, donde el funcionario de Gendarmería adquirió en una armería 1.650 municiones calibre .44 y 250 calibre 12, las cuales traspasó a Raúl Esparza Veloso, quien fue detenido por la PDI en el peaje Santa Clara, de la comuna de Pemuco, cuando se dirigía en un vehículo a Ercilla para vender los proyectiles.
El fiscal Carlos Bustos confirmó que esta investigación por tráfico de municiones a comunidades surge de la indagatoria que desarrolla junto a la Brigada de Homicidios por el crimen del inspector Luis Morales Balcázar, ocurrida durante el ingreso a la comunidad Temucuicui en 2021.
Condena
La Fiscalía exhibió en el juicio escuchas telefónicas que permitieron acreditar el tráfico de municiones y la participación de los acusados en el mismo. También se estableció en esas conversaciones que el gendarme intentó adquirir un fusil por encargo de Raúl Esparza Veloso.
Si bien el Tribunal Oral de Angol tribunal dictó veredicto condenatorio, suspendió la sentencia a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva un recurso de inaplicabilidad deducido por una de las defensas. La Fiscalía está pidiendo para ambos condenados la pena de 7 años de presidio de cumplimiento efectivo.
Es importante señalar que esta es la segunda condena por tráfico de municiones obtenida este año por la Fiscalía de La Araucanía en causas vinculadas a violencia rural, pues en enero el Tribunal Oral de Angol condenó a dos comuneros de Temucuicui, un armero de Angol y a un particular por la venta de 550 proyectiles de alto calibre, a la pena de 5 años y un día de presidio.
El CORE Miguel Ángel Contreras lamentó lo sucedido. Por su parte la Universidad Mayor aseguró que la concejala adjudicada no recibirá los fondos.
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Carlos Barra señaló que hay que entender que un peaje con un precio "módico" da mayor seguridad, desconociendo así lo que manifestaron los vecinos en 2022, que rechazaron una doble vía con peajes.
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