El parlamentario aseguró que la falta de agua genera una sensación de vulnerabilidad por la incertidumbre respecto a su disponibilidad futura.
La Región01/07/2022
Catalina Sánchez Hidalgo
Al año 2020, existen más de mil 900 Sistemas de Agua Potable Rural (APR) en Chile. Según estimaciones de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, estos sistemas abastecen de agua potable a cerca de 1.880.000 habitantes en zonas rurales. Pese a ello, no se tiene conocimiento del estado actual de funcionamiento de estos servicios a lo largo del país.
En este contexto, el Diputado Jorge Saffirio sostuvo una importante reunión con el equipo técnico de la dirección de obras hidráulicas, con motivo de conocer la verdadera situación que vive nuestro distrito y la región, además de ello, realizar una serie de consultas sobre diferentes comités de agua potable rural, que han iniciado sus proyectos, pero que ven con gran preocupación el lento avance de estos.
"Más allá de esta infraestructura de abastecimiento, la verdad es que hoy hay zonas que no sólo enfrentan la falta de agua provocada por la baja en precipitaciones...", sostuvo.
Al respecto el diputado Jorge Saffirio señaló que hoy en día existe una serie de APRs que presentan problemas en la producción y distribución del agua potable, producidos principalmente por problemas de escasez y se han visto agravados por una crisis en la gestión interna de los APRs.
Para ello, cree que debería existir un programa de visitas de unidades técnicas que puedan ir analizando y asesorando para que los APRs puedan realizar mejoramientos, ampliaciones y conservaciones, pues los diferentes APRs con dificultad logran su funcionamiento y carecen de preparación para trabajar áreas tan importantes como la mantención.
"Hoy nos enfrentamos a que hay que hacer nuevas obras de inversión en circunstancias que esto se podía haber canalizado con mantención oportuna, esto claramente demuestra que las políticas públicas con relación al agua no son de la profundidad que el tema requiere", expresó.
Dentro de las principales implicancias de la escasez en comunidades rurales, está la distribución de agua potable a través de camiones aljibes, que implica un alto y constante esfuerzo, económico y operacional que no logra satisfacer la demanda total de los usuarios y cubrir el déficit hídrico real de los afectados.
Saffirio contextualizó en que sigue siendo la solución menos efectiva el uso de camiones aljibes, una alternativa que a lo largo de los años ha generado una precarización de las condiciones de acceso al agua, haciéndose esto insostenible.
"Hoy el gobierno prioriza el agua como fundamental, pero tiene que verse reflejado...es impresentable que hoy, un proyecto de agua potable rural que se requiere con urgencia, se demore 5 a 10 años y en algunos casos, incluso más", expresó.
Es urgente la implementación de mejoramientos al sistema de APR y, al mismo tiempo, incorporar innovación en las políticas públicas relacionadas con la gestión del agua y Saffirio concluyó diciendo que la disponibilidad del recurso debe ser parte central de la agenda social de nuestro país, para mejorar las condiciones de las personas que viven en la ruralidad.
Emprendedores se defienden y denunciaron un aumento del hostigamiento, con registros fotográficos, grabaciones no consentidas e incluso amenazas personales.
Un reciente estudio advirtió una profunda brecha previsional y de protección social que afecta a casi dos tercios de quienes trabajan por cuenta propia.
1.681 personas con antecedentes penales realizaron operaciones por $1.507 millones y no recuperaron las especies empeñadas, sin que se denunciara lo ocurrido.
Los vecinos al enterarse de lo sucedido intentaron ajusticiar a Juan Carlos Vitayo Martínez, pero sólo lograron quemar su automóvil, siendo detenido por Carabineros.
Rodrigo Camelio fue condenado por el Juzgado de Letras de Traiguén, al pago de una indemnización de 5 millones más 6 remuneraciones a su extrabajadora.
La consejera nacional indígena señaló que se trata de una fórmula fracasada que no responde a las demandas reales del pueblo mapuche.
La Municipalidad de la capital regional obtuvo un comodato por 5 años e invertirá en reparaciones, inicialmente, 450 millones de pesos.
Se aprobó proyecto que busca otorgar estabilidad laboral a docentes municipales o de los SLEP que cumplan con requisitos de antigüedad y carga horaria.
La coordinadora del programa Habilidades Para la Vida (HPV), informó a distintos colegios de Temuco que la UFRO fue avisada que no podrá continuar ejecutándolo.
Rodrigo Camelio fue condenado por el Juzgado de Letras de Traiguén, al pago de una indemnización de 5 millones más 6 remuneraciones a su extrabajadora.
Los vecinos al enterarse de lo sucedido intentaron ajusticiar a Juan Carlos Vitayo Martínez, pero sólo lograron quemar su automóvil, siendo detenido por Carabineros.
