Funcionaria del Registro Civil se quedaba con dinero de matrimonios

La mujer se apropió del dinero que pagaron las personas que solicitaban el servicio de celebración de matrimonios, tanto aquellos que se realizaron en la oficina del servicio como en domicilios particulares. El fiscal Anticorrupción Cristian Crisosto logró condenarla a tres años de presidio.

La Región02/07/2022Catalina Sánchez HidalgoCatalina Sánchez Hidalgo
Registro Civil
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La Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía logró condenar en un procedimiento abreviado a Julia Riquelme Zúñiga por el delito de malversación de caudales públicos que cometió entre 2015 y marzo de 2019, mientras se desempeñaba como oficial civil en la sección de matrimonios del Registro Civil e Identificación, en la comuna de Temuco.

De acuerdo a los antecedentes de la investigación, que fueron aceptados por la imputada en la audiencia desarrollada ante el juzgado de garantía de Temuco, en dicho periodo la funcionaria se apropió del dinero que pagaron las personas que solicitaban el servicio de celebración de matrimonios, tanto aquellos que se realizaron en la oficina del servicio como en domicilios particulares.

De esta forma, Riquelme Zúñiga logró sustraer entre 2015 y 2019 un monto aproximado de $12.540.330, monto que recibió en el ejercicio de sus funciones públicas correspondiente a 254 solicitudes de matrimonio, además de 683 pagos por concepto de capitulaciones matrimoniales.

El tribunal impuso a la condenada una pena de tres años de presidio, además del pago de una multa de 11 UTM y la inhabilitación para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena y el fiscal anticorrupción Cristián Crisosto manifestó conformidad con la condena.

“... Se estableció que se apropió de aproximadamente 13 millones de pesos y se le ha condenado a una pena de cárcel además de una multa”, sostuvo. 

El juzgado de garantía determinó que concurrían las atenuantes de irreprochable conducta anterior y de colaboración sustancial de la imputada, por haber colaborado en la investigación y aceptado el procedimiento abreviado, y sustituyó la pena privativa de libertad por remisión condicional con un lapso de observación y control de tres años ante el Centro de Reinserción Social de Temuco.

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