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Detectan que beneficiario de proyecto de la UFRO vendió aporte recibido
En una auditoría realizada por la Contraloría se detectó además, que otro de los programas fue ejecutado por una empresa distinta a la adjudicataria.
Raúl Soto y Álvaro Elizalde, se reunieron con Alejandro Barra, padre de la joven que inspiró la iniciativa que protege los derechos de las víctimas de delitos sexuales y evita su revictimización.
La Región 10/08/2022Un compromiso para agilizar el trámite de la denominada “ley Antonia” asumieron los presidentes de la Cámara y del Senado, Raúl Soto (PPD) y Álvaro Elizalde, respectivamente. Ello, tras reunirse con Alejandro Barra, padre de la fallecida joven, y el equipo de abogados que llevó el caso: Mercedes Bulnes -actualmente diputada-, Roberto Celedón y el exfiscal Carlos Guajardo. También participaron diputados y senadores que han acompañado el proceso de tramitación de la ley.
En la ocasión, se conoció el testimonio de ellos respecto al proceso judicial y los avances logrados. Sin embargo, el llamado es a seguir avanzando para proteger a las mujeres que son víctimas de delitos sexuales y que no se atreven a denunciar.
En tal plano, el padre de Antonia llamó al trabajo conjunto de la sociedad. Asimismo, a que se cumpla el rol que le compete a las instituciones para que se reconozca el valor a la denuncia en estos casos y se reconozca como un “triunfo” de la víctima y no la “hundan”.
“Eso sucedió con mi hija. Eso sucedió con esta sociedad marcada por estas posturas machistas. Las mujeres se sentían culpables al ser víctimas de delitos. Cambiemos esta mirada. El tribunal resolvió así y todos tenemos que avanzar en esa dirección; tenemos que avanzar para cambiar”, dijo Alejandro Barra.
La ley Antonia pasó a una comisión mixta el pasado 6 de abril. Ello aconteció luego que la Cámara rechazara parte de las modificaciones al proyecto, propuestas por el Senado. El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, indicó que existe un compromiso transversal para la tramitación final de la ley Antonia.
"Tenemos con la familia y el país un compromiso público, institucional del Congreso Nacional pleno, de la Cámara de Diputados y también del Senado de la República, de apoyo a la causa para sacar lo antes posible la esperada ley”, manifestó el diputado Raúl Soto.
El parlamentario señaló que en nombre de cada una de las mujeres víctimas de violencia sexual en Chile, hicieron un compromiso transversal para constituir, rápidamente, la comisión mixta y trabajar en conjunto con la familia, con los abogados, con la sociedad civil, una propuesta que permita avanzar.
Mercedes Bulnes (IND) dijo que fue un honor ser abogada de la familia Barra en la causa antes de convertirse en diputada. Esto, porque sus familiares han luchado por su hija y por todas las mujeres. "Este caso ha permitido representar a muchas otras mujeres que llegaron al suicidio y no tuvieron la oportunidad de hablar. La sociedad tiene que cambiar; nuestros hijos varones e hijas mujeres tienen que cambiar. Eso es el efecto pedagógico de la ley y de un juicio que se ha llevado de manera impecable”, dijo la diputada y ex abogada de la familia Barra, Mercedes Bulnes.
En tanto, la diputada Maite Orsini (RD) observó que la justicia para Antonia llegó, llegó tarde, pero llegó. Sin embargo, estimó que eso no es suficiente, porque existe una deuda con las mujeres víctimas de violencia sexual.
“Este fallo histórico con perspectiva de género tiene que ser acompañado también por un cambio institucional que entregue garantías, que proteja a las víctimas. Que les entregue espacio seguro a la hora de denunciar. Que, además, imparta a las autoridades de justicia, a quienes llevan investigaciones, la obligación de aplicar una perspectiva de género a la hora de investigar, juzgar y fallar”, agregó la diputada Orsini.
Con esta reunión junto a Alejandro Barra y sus abogados, queda de manifiesto que existe consenso en ambas Cámaras y resta por resolver en la comisión mixta cómo se tipificará el "suicidio femicida", para lo que se espera despachar la ley antes de un mes.
En una auditoría realizada por la Contraloría se detectó además, que otro de los programas fue ejecutado por una empresa distinta a la adjudicataria.
“Van a cumplir dos semanas en esas condiciones y nadie les entrega una respuesta concreta”, dijo el diputado Miguel Mellado, quien intercedió para que conecten a la brevedad los servicios.
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