Enrique Montero habría tenido un pleito con un funcionario de Rentas Municipales por un problema sentimental, fue detenido por Carabineros y formalizado por la agresión.
La Región02/12/2022
Equipo AraucaniaDiario
Todo ocurrió cuando el funcionario de la Contraloría General de la República Enrique Montero, concurrió asta la Municipalidad de Padre Las Casas, luego de que le dijeran que la actual pareja de su ex -que también trabaja en la municipalidad- se encontraba en el estacionamiento del recinto municipal.
El resto de lo sucedido quedó en las grabaciones de la municipalidad y en el funcionario municipal agredido, quien hizo la denuncia ante su jefatura y Carabineros, quienes en "flagrancia" detuvieron al trabajador de la Contraloría, como nos confirmaron además fuentes al interior del municipio.
Sin embargo todo no quedo solo ahí, ya que el Contralor Regional habría recibido un llamado telefónico exigiendo que se tomaran medidas en contra de su funcionario, razón por la cual, según confirmaron también a AraucaniaDiario desde el interior del ente regional, se tomó la decisión de abrir un sumario administrativo para determinar las responsabilidades del caso. En el interinato, Enrique Montero continúa recibiendo su remuneración mensual.
Emprendedores de defienden y denunciaron un aumento del hostigamiento, con registros fotográficos, grabaciones no consentidas e incluso amenazas personales.
Un reciente estudio advirtió una profunda brecha previsional y de protección social que afecta a casi dos tercios de quienes trabajan por cuenta propia.
1.681 personas con antecedentes penales realizaron operaciones por $1.507 millones y no recuperaron las especies empeñadas, sin que se denunciara lo ocurrido.
Los vecinos al enterarse de lo sucedido intentaron ajusticiar a Juan Carlos Vitayo Martínez, pero sólo lograron quemar su automóvil, siendo detenido por Carabineros.
Rodrigo Camelio fue condenado por el Juzgado de Letras de Traiguén, al pago de una indemnización de 5 millones más 6 remuneraciones a su extrabajadora.
La consejera nacional indígena señaló que se trata de una fórmula fracasada que no responde a las demandas reales del pueblo mapuche.
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Se aprobó proyecto que busca otorgar estabilidad laboral a docentes municipales o de los SLEP que cumplan con requisitos de antigüedad y carga horaria.
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