
Sale la verdad: Cierre del brazo del río Trafampulli es para cuidar derechos de agua de empresarios
El Gobierno reconoció que la construcción del dique para cerrar el afluente del lago Caburgua, es para resguardar el cauce a quienes tienen derechos.
La Sala Cuna y Jardin Infantil Pinocho, ubicada en Calpucura 630, Temuco, tiene un 85% de avance. Se calcula en 100 el número de menores sin usra el edificio, más unos 15 funcionarios de la JUNJI.
La Región18/03/2023
Equipo AraucaniaDiario
Cientos de menores sin poder asistir a salas cuna y constructoras al borde de la quiebra por falta de reajuste en los contratos, denunciaron en las últimas horas al menos cinco empresas del rubro en la Región de La Araucanía.
Según su vocero, Hugo Baeza, “las empresas contratistas no pueden terminar las obras mandatadas por la JUNJI ya que no se les incluyó en el aumento de presupuesto anunciado por el gobierno para paliar los altos precios de materiales y la escases de mano de obra a raíz del Covid y la inflación”.
Cabe consignar que de acuerdo a los reglamentos de compras públicas, cuando se produce un desequilibrio en el marcado, declaradas fortuitas, (hecho determinado por la Contraloría General de la República), el estado tiene la facultad de revisar las condiciones del los contratos y -de ser necesario- generar los reajustes pertinentes.
Según las constructoras hasta el momento la JUNJI no ha actuado en esa línea, como lo han hecho otras reparticiones públicas como el SERVIU Y EL MOP , que sí han reajustado el valor de los contratos. Según Baeza la situación se agrava toda vez que no tienen los recursos para finalizar los proyectos y que , actualmente, son cientos los infantes quienes no están asistiendo a las salas cuna y jardines infantiles y sus madres no pueden re-integrarse sus trabajos.
Los contratistas de JUNJI en la Araucanía dicen sentirse discriminados por no tener el mismo trato que otras empresas del rubro y piden que se les reajuste al menos en un 20% el valor de los contratos, para reducir las pérdidas que superan el 35% de cada contrato.

El Gobierno reconoció que la construcción del dique para cerrar el afluente del lago Caburgua, es para resguardar el cauce a quienes tienen derechos.

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