La abogada defensora de Derechos Humanos Karina Riquelme señaló que este es un tema bastante zanjado en materia de debido proceso penal. "Quien sea que fuere acusado de un delito, cualquiera que fuera, tiene el derecho a saber quién lo acusa y de esta manera, poder dilucidar si esa persona o esos testigos tienen algún tipo de interés para declarar en su contra", dijo la abogada.
La Región20/04/2023
Equipo AraucaniaDiario
Karina Riquelme tiene una amplia y conocida trayectoria como defensora penal, además de ser reconocida internacionalmente como abogada defensora de Derechos Humanos, siendo parte del CIDSUR, el Centro de Investigación y Defensa del Sur, organización dedicada a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas chilenos.
Según Amnistía Internacional, Riquelme ha sido víctima de persecución e intimidación por su rol de defensora de activistas indígenas, como Natividad Llanquileo, la machi Millaray Huichalaf -quien lidera la defensa del río Pilmaiquén contra la empresa noruega Statkraft- o a personas condenadas como Facundo Jones Huala, Víctor Queipul, José Tralcal, así como a una infinidad de niños mapuche, víctimas de la violencia policial en sus comunidades. Esto último le ganó comenzar a ser perseguida por agentes del Estado, como funcionarios de la PDI y luego de inteligencia, según sentenció Amnistía Internacional, en el caso Huracán.
Lo anterior llegó a uno de sus puntos culmines cuando, el 10 de julio de 2018, dos hombres le apuntaron con miras láser en su departamento, mientras se encontraba con su hija. Aministía Internacional condenó el hecho, el cual se cree fue cometido por agentes de inteligencia policial. Asimismo, el teléfono personal de Riquelme ha sido permanentemente intervenido por la PDI desde al menos 2010. Sin embargo, esto no la ha detenido e incluso ha sido distinguida internacionalmente por su trabajo defendiendo activistas indígenas en contra de la represión del Estado.
Para Karina Riquelme no es algo nuevo lo que la jueza de Garantía de Temuco, Viviana García Utreras, decidió el martes pasado, cuando accedió a la petición de la defensa de Héctor Llaitul, de informar la identidad -de manera reservada- de los cinco testigos protegidos que presentaría la fiscalía regional, en contra del vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Es más, según Riquelme, es un derecho básico que tenemos todos los que podemos algún día ser acusados.
"Informar las identidades de quienes entregan información para culpar a alguien de un delito, es un tema bastante zanjado en materia de debido proceso penal. Quien sea que fuere acusado de un delito, cualquiera que fuera, tiene el derecho a saber quién lo acusa y de esta manera, poder dilucidar si esa persona o esos testigos tienen algún tipo de interés para declarar en su contra", dijo Karina Riquelme.
"Es un derecho básico y no atenta contra la seguridad de los testigos el dar su identidad, pues esa identidad puede seguir siendo resguardada mediante otros medios entregados también por la ley. Así, se respeta la presunción de inocencia y el debido proceso y se protege a los testigos, logrando un equilibrio justo en el procedimiento penal", agregó la abogada defensora.
Sin embargo, lo que llama la atención además en este caso, es que desde distintos poderes del Estado -los que se supone no pueden intervenir en la función de los demás otros- han opinado o hecho declaraciones presionando a la jueza de Garantía Viviana García, o refiriéndose, sin duda, a la decisión que deberá adoptar la Corte de Apelaciones de Temuco, si el fiscalía apela o interpone un recurso de protección.
"Me parece muy peligroso sí, que nuevamente el ejecutivo entregue declaraciones interviniendo en la decisión de un poder independiente como es el Poder Judicial. Esto referente a las declaraciones de Carolina Toha. Y que además, esas declaraciones vayan en contra de procurar observar el debido proceso, al igual que lo realizan los parlamentarios que critican la decisión judicial de la jueza de Garantía", manifestó Karina Riquelme.
"Todos ellos, parte de la institucionalidad del Estado y la República, que se compone de normas establecidas, deben dar el ejemplo que para la preservación del Estado de Derecho es necesario que los poderes se mantengan en independencia y que además, deben ser el ejemplo de respeto de las mismas normas que componen esa República; dejando de lado posiciones políticas egoístas e individualistas, en especial los parlamentarios que insisten con declaraciones odiosas que no aportan a una convivencia sana, ni menos instan a restaurar confianzas en un territorio que ha sufrido gravemente producto del conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche", finalizó Riquelme.
Los vecinos al enterarse de lo sucedido intentaron ajusticiar a Juan Carlos Vitayo Martínez, pero sólo lograron quemar su automóvil, siendo detenido por Carabineros.
Rodrigo Camelio fue condenado por el Juzgado de Letras de Traiguén, al pago de una indemnización de 5 millones más 6 remuneraciones a su extrabajadora.
La consejera nacional indígena señaló que se trata de una fórmula fracasada que no responde a las demandas reales del pueblo mapuche.
Esta política educativa busca entregar mejores condiciones de aprendizaje a estudiantes autistas y a toda la comunidad educativa.
El director regional manifestó que se debe actuar con respeto a los derechos humanos y que seguirán con su rol de vigilancia, al igual que en todos los gobiernos.
La ley de Presupuestos del año 2026 disminuyó en más de un 30% los recursos destinados a la compra de computadores del programa Becas Tic's.
La Municipalidad de la capital regional obtuvo un comodato por 5 años e invertirá en reparaciones, inicialmente, 450 millones de pesos.
Se aprobó proyecto que busca otorgar estabilidad laboral a docentes municipales o de los SLEP que cumplan con requisitos de antigüedad y carga horaria.
La coordinadora del programa Habilidades Para la Vida (HPV), informó a distintos colegios de Temuco que la UFRO fue avisada que no podrá continuar ejecutándolo.
