Con errores de la fiscalía regional parte la preparación del juicio oral contra Hector Llaitul

Con complicaciones partió la preparación del juicio oral contra el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), luego de que el abogado defensor de Hector Llaitul exigiera -y se le concediera- eliminar de la acusación dos párrafos que la fiscalía regional había incluido en la acusación fiscal contra el comunero mapuche y que hacían referencia a 1997, "dándole contexto" a la acusación, lo que no correspondía ya que los hechos investigados ocurrieron 20 años después.

El defensor Humberto Seri explicó que se hicieron dos solicitudes: Primero, la eliminación de dos párrafos de la acusación "que tenían como titulo 'Contexto', y que daban cuenta de hechos que habrían ocurrido entre el año 1997 hasta el 2019, que no dicen relación con los hechos acusados y defendidos", explicó el abogado.

En segundo lugar, agregó el defensor, "se ordenó al Ministerio Público entregar la identidad de los testigos protegidos, de cinco testigos de identidad reservada señalado en la acusación, a efecto que la defensa conozca sus nombres y en definitiva pueda plantear teorías del caso a partir de aquello". Esto, debido a que en primer lugar la fiscalía regional no pidió ninguna autorización previa para mantenerlas en reserva y además, porque es necesario, para una correcta defensa el poder contraintlerrogar a los testigos y saber -de forma previa- si pueden tener algún interés personal en declarar contra Llaitul o incluso, si han recibido algún trato especial por hacerlo; entre lo que señala la legislación chilena.

Operación Huracán

Frescos están en la memoria los hechos ocurridos durante la denominada "Operación Huracán", hechos ocurridos hace más de cinco años y donde aún no finaliza la preparación del juicio oral en contra de los ex carabineros y un civil que implantaron pruebas falsas -Héctor Llaitul y su hijo Ernesto incluido- en los celulares de ocho comuneros mapuche, para luego encarcelarlos con estas evidencias.

La vergonzosa situación -y uno de los peores casos de la Justicia chilena en Democracia- ocurrió mientras el ahora asesor de la Fiscalía Nacional Cristián Paredes era fiscal regional y el actual jefe máximo del Ministerio Público en La Araucanía Roberto Garrido, era fiscal adjunto y muy cercano a Paredes.

Además de los carabineros y el civil imputados, aún no se ha formalizado a ningún fiscal de La Araucanía por estos hechos, no obstante que la abogada defensora Marisa Navarrete ha insistido que al menos dos fiscales de la región -que aún trabajan en al fiscalía- debieran estar formalizados.

Bajo este contexto no es fácil que ni Héctor Llaitul, ni su defensa, confíen en recibir un juicio justo que además, debiera ser objetivo y perseguir encontrar la verdad, más allá de intentar condenar al vocero de la CAM.

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