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Especial importancia tuvo la presentación de testigos que fueron calificados como "no imparciales" por el Tribunal, mientras la causa penal se mantiene suspendida.
La fiscalía investiga a la mujer por acceder indebidamente al sistema informático del Servicio de Salud Araucanía Sur para obtener la información y haber accedido incluso a información de la hija de la afectada.
La Región21/12/2023
Equipo AraucaniaDiario
La Fiscalía formalizó investigación en contra de una enfermera del Departamento de Salud Rural de Lautaro, imputada de acceder y divulgar ilegalmente información confidencial de la ficha clínica de la actual pareja de su ex.
De acuerdo con la investigación, la funcionaria municipal utilizó su cuenta de usuario para ingresar indebidamente más de 800 veces al sistema informático del Servicio de Salud Araucanía Sur. Estos accesos no autorizados le permitieron obtener detalles sensibles como atenciones médicas, vacunas, exámenes, urgencias, prescripciones médicas y atenciones psicológicas de la paciente.
Además, se le imputa haber revelado información privada de la ficha clínica, incluyendo el estado de embarazo y un diagnóstico de depresión posparto de la afectada, a terceros.
El fiscal jefe de Lautaro, Enrique Vásquez, explicó que la ex pareja de la imputada fue informada sobre el embarazo de la víctima por la misma enfermera. “Lo que encendió las luces de que esta información, por cierto, delicada y sensible, estaba siendo vulnerada de alguna manera, y es por esto que se solicita la trazabilidad del sistema informático del Servicio de Salud Araucanía Sur”, dijo el fiscal.
El caso también reveló que, entre diciembre de 2022 y abril de 2023, la funcionaria municipal accedió ilegalmente a la información médica de la hija menor de la paciente afectada, en al menos 12 ocasiones.
Este comportamiento viola las normas de conducta profesional, dado que la acusada no formaba parte del equipo médico asignado a las pacientes afectadas, careciendo de toda justificación para acceder a dicha información.
La enfermera fue formalizada por el delito de "acceso indebido a un sistema informático" y el tribunal de garantía le impuso las medidas cautelares de arraigo nacional, firma mensual en Carabineros y la prohibición de acercarse a las pacientes afectadas.

Especial importancia tuvo la presentación de testigos que fueron calificados como "no imparciales" por el Tribunal, mientras la causa penal se mantiene suspendida.

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