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Especial importancia tuvo la presentación de testigos que fueron calificados como "no imparciales" por el Tribunal, mientras la causa penal se mantiene suspendida.
Auditores expertos del ente contralor detectaron pagos indebidos a un exfuncionario, cuyas transferencias fueron autorizadas por la directora de Administración.
La Región24/01/2024
Equipo AraucaniaDiario
Lo adelantó AraucaniaDiario en diciembre pasado, luego de que una fuente de este medio al interior del municipio lo confirmara: habían más personas involucradas en el presunto fraude al interior de la Municipalidad de Curacautín, donde $157 millones fueron transferidos a Carlos Salinas, un funcionario que al comenzar la investigación, falleció.
Pero no todo se cerró con la muerte del infortunado funcionario, cuyo vehículo cruzo el eje central de la calzada entre Victoria y Traiguén, impactando de frente contra un camión. En efecto, el equipo de detección de fraudes de la Contraloría General de la república (CGR) siguió investigando y llegó a la conclusión de que podían estar frente a un fraude al fisco.
"Se determinaron para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 1 marzo de 2023, la existencia de transferencias bancarias improcedentes por la suma de $157.518.964, cuyos dineros fueron transferidos a la cuenta corriente del exfuncionario Señor Carlos Salinas, a pesar de que no era apoderado del banco y tampoco tenía asignado un token ...", dice el informe de la Contraloría, cuyo resultado adelantó AraucaniaDiario en diciembre pasado.
"En ese contexto, según la información proporcionada por BancoEstado ... se logró constatar que que los funcionario que autorizaron y provisionaron dichos abonos, que corresponden a la señalada suma de $157.518.964, fueron doña Viviana Cid Garrido, directora de administración y finanzas, Yoselin Barrera Barrientos, profesional del departamento de Administración y Finanzas y Yesenia Toledo, habilitada de Finanzas ...", agrega la CGR.
Para concretar lo anterior, distintos funcionarios se concertaron además para que los registros contables calzaran, abultando partidas contables para así no levantar sospechas. "... Durante los meses de enero de 2020 a septiembre de 2021, la forma de encubrir el resto de transacciones irregulares, se justificaron en las conciliaciones bancarias de cada mes, específicamente como un componente más de la partida cociliatoria denominada "Cheques girados u no cobrados"", señala el informe.
Por lo detectado la Contraloría instruyó un sumario administrativo, pero a la vez, puso la información en conocimiento del Ministerio Público, para los fines que corresponda.

Especial importancia tuvo la presentación de testigos que fueron calificados como "no imparciales" por el Tribunal, mientras la causa penal se mantiene suspendida.

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