Dado el conflicto de tierras muchos pequeños parceleros han sido obligados por comunidades y grupos violentistas a dejar su hogar y tierra, ante el riesgo de amenazas y violencia rural.
La Región 18/05/2024
Equipo AraucaniaDiario
El diputado de Renovación Nacional por La Araucanía, Miguel Mellado, presentó un proyecto de ley llamado “Desplazamiento forzoso” que busca proteger a las familias que son desplazadas de sus casas o residencias habituales, sin su consentimiento, como consecuencia de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de alteración grave y sostenida del orden público o de violaciones de los derechos humanos, siempre que se encuentren dentro del territorio nacional.
Miguel Mellado, afirmó que el proyecto de ley se realizó por delitos que se comenten en la macrozona sur. “Este proyecto busca terminar con la impunidad hacia los sinvergüenzas que se toman casas y predios en nuestro país, utilizando la violencia para lograrlo, especialmente en la región de La Araucanía, donde terroristas realizan este tipo de actos bastante seguido”.
De esta manera, el Estado, deberá elaborar diagnósticos de las causas de desplazamiento forzado, identificando las zonas del territorio nacional en las que se produce o se podría producir, así como de las zonas receptoras, elaborando una caracterización de las personas y/o comunidades afectadas por la violencia. En la misma línea, el Estado tendrá la labor de prevenir este tipo de delitos, entregando asesoría y asistencia a las personas y comunidades que puedan verse afectadas por un hecho de desplazamiento, con el objeto de prevenir las causas de la misma.
El parlamentario aseguró que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, además de las Fuerzas Armadas, deberán estar a disposición de la seguridad de las víctimas, “Las personas que se encuentren en proceso de desplazamiento y retorno a su propiedad, podrán ser custodiados por Carabineros y en el caso de estar vigente el excepción constitucional, las Fuerzas Armadas prestarán seguridad a los afectados”.
Así, el proyecto de ley, apoyado también por los parlamentarios Becker, Beltrán, Berger, Romero y Ossandón, buscará otorgar prevención, seguridad y protección a las personas o familias que se ven forzadas u obligadas a huir y entregar su propiedad. Sin embargo, todo aquel que con el objeto de percibir indebidamente uno o más beneficios entregue a sabiendas datos o antecedentes falsos, será sancionado con las penas del artículo 467 del Código Penal, arriesgando presidio máximo y una multa de 21 mil 300 UF mensuales.
El APR Catrirrehue, que se ubica a 30 minutos del centro de la comuna, cuenta con una extensión de 30.121 kilómetros de red, para beneficio de más de 600 habitantes.
Los empresarios pudieron más y la ministra Jessica López decidió dar urgencia a la licitación, programándola para este año, sin escuchar a los vecinos, o a la comunidad que ya rechazó un una consulta la iniciativa.
Además, compartió con vecinos representantes de las cuatro uniones comunales de adultos mayores de Saavedra: Lago Budi, Brisas del Mar, Lafkenche y Rayén Cosquilla.
El miembro de la CAM falleció luego de un ataque incendiario a instalaciones forestales en la comuna de Carahue. Sus familiares mantienen que un carabinero lo "remató" estando ya en el suelo.
En su interior tenía 110 mil pesos, todos sus documentos y efectos personales.
En su informe final sobre la auditoría a la sociedad Chicawal Limitada, el ente contralor reiteró que tres de los contratos entregados no debieron adjudicarse y otras dos licitaciones fueron observadas.
Javier Jaramillo deberá enfrentar la investigación de los hechos que habrían ocurrido en contra de dos funcionarias del Municipio.
La edil informó que la causa aún se encuentra en tramitación, no existiendo una sentencia firme que la condene en última instancia.
La Directora Nacional del servicio Priscilla Carrasco, lamentó que Javier Jaramillo sólo haya quedado con la medida cautelar de arraigo.
Héctor Llaitul exige la nulidad del juicio en el que fue condenado a a 23 años de cárcel, de los cuales 15 años son bajo la Ley de Seguridad Interior del Estado, para lo que se utilizó como prueba parte de sus declaraciones y entrevistas.
El diputado Miguel Melado ofició a la Superintendencia de Servicios Sanitarios para que investigue y requiera a Aguas Araucanía las mejoras correspondientes.
