Dado el conflicto de tierras muchos pequeños parceleros han sido obligados por comunidades y grupos violentistas a dejar su hogar y tierra, ante el riesgo de amenazas y violencia rural.
La Región18/05/2024
Equipo AraucaniaDiario
El diputado de Renovación Nacional por La Araucanía, Miguel Mellado, presentó un proyecto de ley llamado “Desplazamiento forzoso” que busca proteger a las familias que son desplazadas de sus casas o residencias habituales, sin su consentimiento, como consecuencia de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de alteración grave y sostenida del orden público o de violaciones de los derechos humanos, siempre que se encuentren dentro del territorio nacional.
Miguel Mellado, afirmó que el proyecto de ley se realizó por delitos que se comenten en la macrozona sur. “Este proyecto busca terminar con la impunidad hacia los sinvergüenzas que se toman casas y predios en nuestro país, utilizando la violencia para lograrlo, especialmente en la región de La Araucanía, donde terroristas realizan este tipo de actos bastante seguido”.
De esta manera, el Estado, deberá elaborar diagnósticos de las causas de desplazamiento forzado, identificando las zonas del territorio nacional en las que se produce o se podría producir, así como de las zonas receptoras, elaborando una caracterización de las personas y/o comunidades afectadas por la violencia. En la misma línea, el Estado tendrá la labor de prevenir este tipo de delitos, entregando asesoría y asistencia a las personas y comunidades que puedan verse afectadas por un hecho de desplazamiento, con el objeto de prevenir las causas de la misma.
El parlamentario aseguró que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, además de las Fuerzas Armadas, deberán estar a disposición de la seguridad de las víctimas, “Las personas que se encuentren en proceso de desplazamiento y retorno a su propiedad, podrán ser custodiados por Carabineros y en el caso de estar vigente el excepción constitucional, las Fuerzas Armadas prestarán seguridad a los afectados”.
Así, el proyecto de ley, apoyado también por los parlamentarios Becker, Beltrán, Berger, Romero y Ossandón, buscará otorgar prevención, seguridad y protección a las personas o familias que se ven forzadas u obligadas a huir y entregar su propiedad. Sin embargo, todo aquel que con el objeto de percibir indebidamente uno o más beneficios entregue a sabiendas datos o antecedentes falsos, será sancionado con las penas del artículo 467 del Código Penal, arriesgando presidio máximo y una multa de 21 mil 300 UF mensuales.
La narrativa predominante sostiene que "darles más tierras es un privilegio" (47,3%), lo que refuerza percepciones de injusticia y una crítica a la equidad del proceso.
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