El parlamentario pidió "sincerar" la profundidad de la crisis y manifestó que lo que se está viviendo es un problema del modelo, "de falta de recursos, que son insuficientes".
La Región05/12/2024
Equipo AraucaniaDiario
El senador Francisco Huenchumilla manifestó su preocupación y solidarizó con los casi 300 funcionarios de la Universidad de La Frontera, en Temuco, que resultaron despedidos dada la crisis financiera que atraviesa dicha casa de estudios.
Además, el legislador llamó a las autoridades de Educación a responder sobre el origen de la crisis en la Ufro, así como a sincerar si esta problemática es exclusiva y puntual de la Universidad de La Frontera, o si refleja una crisis estructural de las universidades públicas por deficiencias en gestión, falta de recursos u otros orígenes.
“En primer lugar, existe un deber humano de solidarizar con las casi 300 personas, de todas las edades, hombres, mujeres y en muchos casos jefes y jefas de familia, que perdieron su fuente de trabajo; lamentablemente, por una situación que ellos no suscitaron y en cual no tuvieron responsabilidad. No podemos dejar de pensar en ellos”, estimó el parlamentario.
En esta misma línea, el legislador estimó que “el avance y alcance del plan de ajuste presupuestario que está llevando a cabo la universidad, bajo el monitoreo de la Superintendencia de Educación, debe ser preparado y ejecutado con sentido de máxima urgencia, porque de ello depende el futuro de más puestos de trabajo”, dijo el parlamentario.
Sin embargo, el senador señaló que las autoridades de Educación están llamadas a dar cuenta, frente a la opinión pública, sobre el problema que llevó a la Universidad de la Frontera a su crisis y cuál es su magnitud y trasfondo.
“Las universidades públicas funcionan, en una parte, con dinero que es de todos los chilenos; por lo que encontrar problemas de gestión, sobresueldos u otras fallas es doblemente lamentable”, indicó el legislador.
El parlamentario profundizó en esta idea: “Tal como ocurriría en una universidad privada, aquí se puede ver comprometida la calidad de la educación que cientos de jóvenes reciben, y sobre todo en una región empobrecida, como es La Araucanía. Pero además hay otro problema: que entre los recursos que permiten a las universidades públicas desarrollar su actividad, hay ingentes sumas de fondos públicos aprobados año a año vía Ley de Presupuestos. Recursos que pertenecen a todos, y que no sabemos si son insuficientes o se están utilizando mal”, señaló.
En este sentido, el parlamentario pidió “al Ministerio, a la Subsecretaría, a la Superintendencia, ellos deberían ofrecer una perspectiva de cuál es el real problema que afectó a la Ufro. ¿Fue este un problema de gestión al interior de la Universidad de La Frontera?”, cuestionó.
“¿Este problema corresponde solamente a esta casa de estudios? ¿Es extrapolable a otras universidades públicas del país? ¿Corre el riesgo de volverse algo generalizado?”, planteó.
Pero el parlamentario también exploró otra posibilidad: “¿O lo que vemos aquí es un problema del modelo, de falta de recursos, que son insuficientes y empujan a las universidades al endeudamiento y el déficit crónico, sin importar cuántos malabares hagan?”, cuestionó el legislador.
“Lo más importante es sincerar, transparentar esta situación en toda su magnitud. ¿Es la UFRO o son más universidades? Si hay problemas de gestión, tenemos que entrar en una cirugía mayor; pero si hay problemas de recursos, el Estado tiene que sincerar esta situación con la máxima urgencia, para poder abordarla con realismo”, añadió.
Finalmente, el legislador –quien tuvo acceso al Plan de Ajuste Presupuestario de la UFRO– valoró que la universidad “recoge y considera una serie de orientaciones que le hace la Superintendencia de Educación para abordar la crisis, y además, describe una serie de medidas preliminares de corto plazo para el control financiero y presupuestario, inmediatas para el periodo de octubre a diciembre de 2024”.
“También el plan de ajuste da cuenta del trabajo de la Comisión para el Ajuste Presupuestario 2025, que planteó como metas la creación de un Plan de Ajuste Presupuestario Formalizado; el fortalecimiento y diversificación de la matriz de ingresos; ajustes en gastos y otras medidas”, puntualizó.
El Director Nacional Sebastián Urra Palma, rechazó las agresiones y amenazas sufridas por funcionarios de la Institución en La Araucanía y expresó su manifiesto apoyo al actuar del personal penitenciario.
La mujer permanecía privada de libertad en el servicio de psiquiatría del hospital de Angol, luego de ser detenida e inculpada de generar incendios forestales.
Francisca Curihuinca Calcumil fue denunciada -con testimonios de guardias de seguridad pagados- de asociación ilícita, hurto de madera y amenazas.
En el marco del mes de la mujer se analizó esta problemática que según estadísticas, afectan a un 85% de las mujeres que ocupan la red.
El legislador expresó su preocupación por la ausencia de autoridades con experiencia en la nueva cartera, particularmente en la región, donde aún no se designa un seremi titular.
La cifra se distribuye en La Araucanía de manera desigual entre los municipios de la región, pero ello tiene un motivo: se estableció un coeficiente de distribución que analiza las necesidades y condiciones específicas para cada comuna, algo que ocurre con todos los municipios del país.
El parlamentario desaforado quedó en libertad ayer tras pagar una fianza de $40 millones, decisión que la fiscalía regional apelará buscando hacer que vuelva a la cárcel de Temuco.
René Saffirio destacó la gestión de la Alcaldesa Jacqueline Romero y el Concejo Municipal en el rescate de este importante lugar de esparcimiento de la comuna de Pitrufquén.
El legislador expresó su preocupación por la ausencia de autoridades con experiencia en la nueva cartera, particularmente en la región, donde aún no se designa un seremi titular.
Ricardo Barría Dillems, ingeniero comercial, magister en comunicación. Editor de AraucaniaDiario, miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Francisca Curihuinca Calcumil fue denunciada -con testimonios de guardias de seguridad pagados- de asociación ilícita, hurto de madera y amenazas.
