
Diputado Jouannet será el único de la región en asumir una subsecretaría
El parlamentario de Amarillos por Chile, perdió la diputación por Cautín y se integrará al Gobierno de José Antonio Kast.
Hace pocos días, el comunero condenado por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay depuso su huelga de hambre, la cual mantenía ya por más de 100 días luego de una serie de compromisos establecidos por la autoridad.
Política22/08/2020
Yuliana Montiel
Durante un punto de prensa realizado este viernes para dar a conocer la campaña "Rechazar para reformar", el diputado Diego Schalper manifestó su descontento con el acuerdo alcanzado entre el ministerio de Justicia y Derechos Humano y el machi Celestino Córdova, quien se encuentra condenado por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay.
Con este acuerdo, el comunero depuso la huelga de hambre que llevaba desde hacía más de 100 días, comprometiéndose el Gobierno a permitirle la visita a su rehue hasta por 30 horas, luego de recuperar su salud y ser trasladado un Centro de Educación y Trabajo, luego de que postule al beneficio.
"Yo creo que nuestro gobierno en esto cometió un error y lo quiero decir con toda claridad. Una persona que asesina a dos personas de la manera en como lo hizo este señor, no merece beneficios carcelarios y déjeme decirle más: el convenio 169 de la OIT en ningún caso autoriza para alterar ninguna sentencia dictada por la Corte Suprema de la República y que por lo demás, fue ratificada en el momento en que se rechazó el recurso de amparo", dijo Schalper.
"Entonces, la señal acá es muy muy clara, el que comete un delito de esa envergadura lo tiene que pagar en prisión, esa es nuestra convicción y lo quiero decir con toda claridad para que no quepa ninguna duda", señaló el diputado.
Sobre este acontecimiento, también comentó el diputado René Manuel García quien consideró que este acuerdo fue en realidad una "concesión" hecha entre el comunero y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larrain, para otorgar beneficios a un reo, tal "como se ha hecho muchas veces", señalando que no se le ha concedido libertad.
"El gobierno ha hecho el uso de lo que tiene. Cualquier persona puede pedir los derechos que la constitución le establece y este señor tiene derecho a pedir lo que establece la Constitución, que es pedir por el 169 el permiso de ir a ver su rehue y le dieron 30 horas del permiso. Por lo tanto es un beneficio acotado, no es libertad. Las libertades la dan los tribunales de justicia. Aquí es una concesión que se ha hecho basado en el 169", explicó García.
Sobre su postura frente a este acuerdo, opinó: "a mi lo que me da mucha lata es que hayan justicia para unas personas y para otras diferente. Las personas que están condenadas por delitos graves como son homicidio no debieran tener los beneficios. No estoy hablando de una persona en especial, todos".

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Según la parlamentaria, el sector presenta serias falencias de infraestructura que ponen en riesgo permanente a conductores, peatones y vecinos del lugar.

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