Junto con interponer dos recursos de amparo, la titular de la Niñez también instó al Ministerio Público a realizar una investigación penal por los hechos ocurridos durante la operación y solicitó una reunión con el ejecutivo nacional para abordar el tema con máxima prontitud.
La Región18/01/2021
Yuliana Montiel
Luego de realizar un trabajo en terreno en la comunidad de Temucuicui en Ercilla el pasado viernes, la Defensoría de la Niñez dio a conocer las acciones judiciales interpuestas ante la Corte de Apelaciones de Temuco en relación al operativo que se llevó a cabo en dicho territorio, donde a su juicio, se habrían vulnerado varios derechos y garantías de menores de edad.
La titular de la institución, Patricia Muñoz, informó que durante le trabajo en el sitio se tomó contacto directo con miembros de la comunidad Temucuicui, "particularmente con niños, niñas y adolescentes que residen en ese lugar. Pudiendo constatar que una de las adolescentes de esa comunidad había sido víctima de aquellos hechos que fueron conocidos públicamente en la difusión de un audio en relación con el comportamiento policial".
"La grave situación que todos hemos podido oír en ese audio y lo inadmisible seguir teniendo que conocer hechos de la violencia, como aquella que sufrió la niña de siete años, hija de Camilo Catrillanca y también esta adolescente, evidentemente ameritan que el Estado de Chile entienda la necesidad de que la violencia institucional debe detenerse y que no puede seguir afectando a quienes con más vulnerables", señaló Muñoz a través de una grabación.
Acusaciones
De acuerdo con la defensora, hace varios días se interpuso un Recurso de Amparo a favor de la niña de 7 años, hija de Camilo Catrillanca, el cual se encuentra al pendiente de la resolución por parte de la Corte de Apelaciones de Temuco. A este se suma una nueva acción interpuesta en relación a la adolescente, que según un audio que posteriormente fue difundido en diversos medios, fue amenazada durante la materialización del operativo policial.
Explicó: "Los hechos relacionados con las amenazas de muerte y los eventuales apremios ilegítimos que se pudieran haber cometido. Como también un recurso de protección ante la ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, en su favor, porque lo que nos parece evidente es que el comportamiento de la Policía de Investigaciones de Chile en relación con esta adolescente ha vulnerado de manera grave y perturbado su derecho garantizado por nuestra constitución a la integridad física y psíquica y a no ser víctima de apremios ilegítimos como los que le afectaron".
"No queremos que sean víctimas de delincuencia, pero tampoco queremos que sean víctimas de violencia institucional desmedida y brutal como la que hemos conocido estos últimos días", agregó.
Otras acciones
Además, Muñoz instó al Ministerio Público, para que ejecute con "la máxima celeridad" una investigación penal, a través de la Unidad de Derechos Humanos, para la protección de las víctimas. Adicionalmente, solicitó una reunión con el ejecutivo nacional para abordar este tema con "máxima prontitud".
En varias oportunidades, la defensora de la Niñez se ha pronunciado en contra de la logística empleada por parte de los oficiales durante el operativo que se llevó a cabo en Temucuicui, debido a que en el mismo se encontraban presente menores de edad. Esta situación fue cuestionada por el parlamentario Mellado, para quien, a su juicio, los menores fueron utilizados "para colocarlos en primera fila, para que no le hagan nada".
Como parte de los alegatos de la defensora, es que "la situación del comportamiento policial en el contexto de la intervención en La Araucanía necesita de un abordaje que, evidentemente, involucre un rol particularmente relevante de quienes teniendo el deber de controlar desde el ámbito civil a la policía, deben ejecutar acciones distintas que sea sólo validar irrestrictamente el comportamiento de los agentes, sin tener posibilidad o más bien, abrirse a la posibilidad de oír a los testimonios de las víctimas, que son, en definitiva, las que están sufriendo este tipo de acciones".
La senadora Carmen Gloria Aravena solicitó un plazo adicional, el que los demás comisionados consensuaron, solicitándole al Presidente Gabriel Boric hasta el 30 de abril.
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