Presidio

Una de las víctimas tenía solo 7 años cuando el sujeto, aprovechando la confianza y cercanía que tenía con la familia, abusó sexualmente y violó en reiteradas ocasiones a la niña. La segunda afectada tenía 8 años de edad.

En total, fueron ocho los condenados por distintos delitos ocurridos y relacionados con el homicidio de Camilo Catrillanca. Alarcón recibió la pena más alta, de 11 años por homicidio simple y 5 por homicidio frustrado. A 3 años y un día fueron condenados los exfuncionarios Ávila y Valenzuela.

La decisión emanó del Tribunal Oral de Temuco. Sin embargo, los hechos tuvieron lugar en la comuna de Lonquimay en julio de 2019. La víctima se trata de la ex conviviente del imputado.

El tribunal dio por acreditado que entre noviembre de 2017 y 2018, en el interior de un domicilio en la comuna de Temuco, el condenado tuvo actos de relevancia y significación sexual contra la víctima, a la sazón de siete años.

En el juicio, realizado en modalidad semi presencial, la fiscal jefe de Pitrufquén acreditó que el condenado comenzó las agresiones sexuales a inicio de 2018, cuando su cónyuge fue diagnosticada de cáncer y a raíz de ello debía internarse en forma recurrente.

La comisión del crimen quedó grabada en una cámara de tránsito, donde se observa al imputado cuando apuñala a la víctima en el tórax. A partir de esta acción, el sujeto falleció instantes después producto de una herida penetrante con compromiso cardíaco.

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que el imputado divisó a la víctima y le insultó por motivo de su color de piel y nacionalidad haitiana; y, provisto de una botella de vidrio cortada que portaba, lo agredió propinándole varios cortes dirigidos a la zona del rostro y tórax.

Junto con condenar y repudiar estos hechos, el ministro Álvaro Mesa aplicó las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos a los condenados por el secuestros calificados de los hermanos Yaufulem Mañil y de Samuel Huichaillán, ocurridos en junio de 1974 en la comuna de Lautaro.

Penchulef, su hermano y otro sujeto habrían golpeado a las víctimas y las obligaron a entregar las llaves del vehículo y herramientas de trabajo. Uno de los imputados ya aceptó un procedimiento abreviado y fue condenado a 4 años.