Algunas horas transcurrieron hasta que el propio Héctor Llaitul, vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), llegara hasta el lugar en que fuera abatido un encapuchado, en un sector rural de la carretera de la costa que une las comunas de Carahue con Tirúa, para verificar si las versiones preliminares que daban cuenta de que se trataría de su hijo Ernesto Llaitul Pezoa, eran efectivas.

Sin embargo, el líder de la CAM, luego de ver el cuerpo, descartó que se tratara de su hijo. "Hay que hacer una aclaratoria categórica. No sé con qué intencionalidad se difundió desde carabineros el nombre de mi hijo Ernesto", señaló Llaitul.

"Yo personalmente acudí con la pareja de "Nano" al lugar de los enfrentamientos y constatamos que se trata de un destacado weichafe Pablo Marchant y no mi hijo Ernesto. Esta confusión quizás también pudo darse porque el peñi tiene impactos en el rostro o bien se lo desfiguraron, no sabemos bien que pasó", agregó Héctor Llaitul.

Si bien es cierto, con las palabras del progenitor de Ernesto Llaitul se descarta su fallecimiento, aún queda la interrogante del porqué aún no se ha comunicado con su familia, aunque es probable que incluso la falsa noticia -de la cual algunos medios culpan a la propia Fiscalía- haya tenido por objeto obligar a que el propio Ernesto Llaitul revelara su ubicación.

Cabe señalar que AraucaniaDiario se abstuvo de informar la identidad del comunero abatido hasta confirmar de quién se trataba.

Falsas acusaciones

Fue el 27 de mayo de 2016 cuando Ernesto Llaitul Pezoa, de 20 años de edad, fue detenido en un procedimiento de la Policía de Investigaciones, acusándolo de porte ilegal de armas y municiones. Un año después sería absuelto por el Juzgado de Garantía de Los Ángeles, que de forma unánime estimó que los argumentos y pruebas presentadas tanto por la PDI, como por el Ministerio Público, no eran suficientes para acreditar incluso la legalidad de la detención.

De la misma forma, en septiembre de 2017, Ernesto Llaitul sería detenido junto a su padre en el marco de la llamada "Operación Huracán", en la cual efectivos de Carabineros habrían implantado pruebas falsas para intentar inculparlos de asociación ilícita.

En la ocasión y en operativos simultáneos, en las regiones de La Araucanía y del Biobío, se detuvo a ocho personas que serían vinculadas con una serie de hechos de violencia rural en la Macrozona Sur, resultando tanto las pruebas, como los cargo realizados por la Fiscalía Regional de La Araucanía completamente falsos. En junio de 2018 los imputados fueron sobreseídos, tras revelarse la implantación de evidencia para inculparlos, hechos de los cuales además habría tenido conocimiento el Ministerio Público con antelación.

Sin embargo, hasta el momento aún no hay ningún fiscal formalizado, no obstante que los propios carabineros acusados de la implantación de pruebas declararan que dos fiscales de La Araucania tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo.