Fue el diputado Miguel Mellado quien levantó la información de que un fiscal del Ministerio Público habría sido atacado la noche del viernes 9 de julio, luego de que se retiraran del lugar donde fue abatido por carabineros Pablo Marchant, luego de un enfrentamiento al ser sorprendidos en un ataque incendiario a maquinaria forestal.

Los hechos, que comenzaron pasadas las 5 de la tarde de ese día viernes, continuaron con los peritajes de rigor para determinar la dinámica de los hechos, que terminaron con un miembro de la Coordinadora Arauco Malleco muerto y un trabajador forestal herido de gravedad. A cargo de las pericias estuvo la Policía de Investigaciones y se constituyeron dos fiscales en el lugar de los hechos, para iniciar la investigación.

Sin embargo y como informó el diputado de Renovación Nacional Miguel Mellado, la caravana de vehículos en los que se movilizaban los fiscales, la PDI y el Servicio Médico Legal, fue atacada a balazos cuando se retiraban del lugar -alrededor de las 2 de la madrugada, según fuentes de la fiscalía- y no obstante que no se registraron heridos ni víctimas fatales, la situación podría haber sido peor.

"Yo me pregunto porqué la fiscalía omite informar públicamente que se atacó a un fiscal en Carahue, la misma noche en que cae en combate un miembro de la CAM. Yo quisiera que nos informaran la razón ...", reclamó Miguel Mellado.

Y tiene razón, ya que más allá del peligro al que estuvieron sometidos los funcionarios de la fiscalía, que pudieron haber resultado gravemente heridos o peor, lo sucedido incide bastante en lo que la opinión pública pueda pensar de lo que ocurrió en Carahue. "Además, sería bueno transparentar si se abrió investigación en este caso, y bajo qué delito", agregó el diputado Mellado.

Investigación

AraucaniaDiario se comunicó con la fiscalía regional y confirmaron que "dispararon a la caravana en la que iban Carabineros, PDI y fiscales cuando se retiraban".

En relación a si se investigará el ataque a los funcionarios públicos, desde el Ministerio Público informaron que los hechos están siendo investigados como el delito de "disparos injustificados", con lo que los autores arriesgarían penas que van desde presidio menor en su grado medio, de 541 días a 3 años. Sin embargo, queda la interrogante del porqué la fiscalía regional no investiga el ataque armado a sus funcionarios, como homicidio frustrado, ya que ese pudo ser el resultado.