Gobierno y demandas por compra de tierras: “... no se dialoga con terroristas ni con delincuentes ...”
Luego de la publicación de un reportaje en un medio nacional respecto a la Ley Indígena y a la compra de tierras de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), en donde se hace alusión a un supuesto espacio para “la discrecionalidad del gobierno de turno”, el delegado Víctor Manoli dijo que las compras no están paralizadas pero que "el gobierno no cederá ante las presiones de quienes utilizan la violencia para conseguir su objetivo”.
Por el contrario, y tal como lo redactó el medio en cuestión en el marco del Artículo 20, letra b), el año pasado se compraron 11 predios en la región. Así lo explicó el delegado Manoli, quien aseguró que como gobierno están totalmente abiertos al dialogo, dando como ejemplo la inversión de cerca de 29 mil 300 millones, en la adquisición de predios para comunidades, que postularon a través de Conadi.
"... el gobierno no dialoga con terroristas ni con delincuentes que se amparan y ocultan, tras demandas legítimas, para realizar operaciones de altísima gravedad como es el narcotráfico o ataques a infraestructura crítica", sostuvo Manoli.
"Ad portas de un proceso como el que comienza a llevar a cabo la fundación Nansen más que nunca debe primar la paz y el diálogo en un proceso que claramente no será a corto plazo y que requiere el compromiso de la sociedad en su conjunto para alcanzar la paz que tanto necesita hoy la macrozona sur ...", añadió
Comunidad Fermín Manquilef
Esta publicación se da en el contexto de las reclamaciones que han realizado integrantes de la comunidad Fermín Manquilef, que exigen la compra de tierras, específicamente de 700 hectáreas de terreno y que tal como lo han explicado los directivos de la Conadi, no es posible, ya que según dijeron, en el año 2015 fueron beneficiados con más de mil hectáreas.
En el período de los años 2000 a 2021, cerca de 680 comunidades indígenas han levantado informes de reclamación, de las cuales más de 200 comunidades no registran compras anteriores de terreno y a las que se les prioriza por el mismo motivo.
En esto se fundamenta la imposibilidad de comprar más territorios a la comunidad cercana al aeropuerto Araucanía, ya que tuvieron una importante inversión para su comunidad, y ahora el gobierno estaría trabajando para saldar las deudas territoriales de otras familias de la región.