Detectan que beneficiario de proyecto de la UFRO vendió aporte recibido
En una auditoría realizada por la Contraloría se detectó además, que otro de los programas fue ejecutado por una empresa distinta a la adjudicataria.
En el marco de la auditoría que realizó la Contraloría General de la República (CGR), a los programas ejecutados por la Universidad de la Frontera (UFRO), en la cual detectó graves irregularidades producto de recursos traspasados a la Fundación FUDEA, dependiente de la misma casa de estudios y donde AraucaniaDiario informó oportunamente, salió a la luz otras irregularidades que incluso derivaron en que se haya informado al Ministerio Público.
Es el caso de los recursos entregados a la empresa Miraflores SpA, de la comuna de Angol, la cual recibió como beneficio por parte de la UFRO, con recursos del Gobierno Regional, un subsidio ascendente a $ 11.250.000, para la compra de una "enfardadora vertical". Sin embargo, al poco andar la empresa la vendió.
"Se constató que una Enfardadora Vertical adquirida por la empresa Miraflores SpA, de la comuna de Angol, adquirida con un subsidio ascendente a $ 11.250.000, otorgado para financiar el proyecto denominado “Transformación de desechos agrícolas en residuos reciclables”, fue traspasada a otra empresa, ubicada en la comuna de Puerto Varas de la Región de Los Lagos", señala el informe de la Contraloría.
Proyecto ejecutado por un tercero
"Así también, se corroboró que el proyecto denominado “Optimización de agua; de lineal a circular”, por la suma de $ 11.250.000, adjudicado por la empresa Sodatalca, no fue ejecutado por ella sino por la empresa Vicenzo Agua Purificada", dice la CGR en su informe.
De acuerdo a lo concluido por la Contraloría, con estas conductas se estaría vulnerando el objeto del programa “Transferencia Innovación Empresarial de la Economía Circular en los Sectores Productivos”, entre el GORE y la UFRO, cuyo fin es el de contribuir en el aumento de la competitividad regional, reduciendo los efectos negativos en el medio ambiente.
Consejo de Defensa del Estado y fiscalía
"... Conforme a lo analizado no se está cumpliendo (el objeto del programa) en la especie ... se remitirá el presente informe al Consejo de Defensa del Estado, a fin de que ese organismo, si lo estima pertinente, evalúe iniciar acciones civiles por los hechos descritos", agrega la CGR.
"Por último, corresponde que tanto la Universidad de La Frontera y el Gobierno Regional de La Araucanía, evalúen, en futuros proyectos, la incorporación de medidas de seguimiento y monitoreo con el objeto de velar por el cumplimiento de los fines previstos, en un horizonte de tiempo acorde a cada iniciativa", concluye el ente fiscalizador.
Finalmente, la Contraloría concluyó enviar el informe además al Ministerio Público, en el contexto de la investigación que está llevando a cabo.
Te puede interesar
INIA Rayentué impulsa innovación clave para el cerezo
Dos proyectos FIA fortalecerán la calidad, sanidad y competitividad del principal rubro frutícola de Chile.
Conadi Sur financió la creación de 17 proyectos de turismo mapuche liderados por mujeres
Con una inversión cercana a los 150 millones de pesos, mejoró la calidad de vida de las familias, dinamizando la economía de los territorios rurales.
Sernageomin desmiente a la Contraloría y descarta una vigilancia "débil" del volcán Villarrica
Explicaron además que el 85% de los casi 600 aparatos detectados "sin uso" en el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, son componentes de recambio.
Contraloría detecta 597 equipos para medir actividad volcánica abandonados en una bodega
La auditoría también detectó un punto de evacuación ubicado en zona de alto riesgo de lavas y lahares; falta señalización en 5 puntos y la presencia de cercos y portones en otros 5.
Desarrollo Social impulsa programa que une a 180 estudiantes y 90 personas mayores
El programa “Voluntariado País de Mayores”, reunió a niños y niñas de familias vulnerables con personas mayores voluntarias de 20 comunas de La Araucanía.
INDH presenta querella criminal tras muerte de teniente de la COP
El organismo cuestiona que el oficial no haya sido informado de la calidad procesal en la que se encontraba y tampoco de los derechos que tenía como imputado.