Vergonzoso: fiscal regional del caso Huracán entrega celular "borrado"

El fiscal regional de Aysén Carlos Palma, quien lleva la investigación sobre la "Operación Huracán", entregó su teléfono celular reseteado al Ministerio Público, según reveló el medio de comunicación Ciper, esto en el marco de la investigación que se lleva a cabo por un supuesto ofrecimiento que le habría hecho Gonzalo Migueles, pareja de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

De acuerdo a lo informado por Palma, el ofrecimiento ocurrió durante el proceso de elección del Fiscal Nacional. “Me prometieron un doctorado y la jefatura de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte a cambio de apoyar a José Morales para la Fiscalía Nacional”, dijo Palma según Ciper.

De acuerdo a lo revelado por el medio de prensa, un peritaje preliminar realizado el 19 de agosto pasado reveló que el iPhone 15 Pro Max entregado por el fiscal regional Carlos Palma fue reseteado, lo que impidió extraer cualquier información del dispositivo.

Caso convenios

Cabe señalar que en situaciones similares y ante iguales requerimientos, el diputado Mauricio Ojeda fue duramente criticado por la fiscalía regional de La Araucanía, luego de que entregara voluntariamente su celular a la fiscalía, pero destruido por un accidente doméstico con su hijo.

Asimismo, en su audiencia de formalización, el fiscal Carlos Cornejo criticó también que el ex jefe de gabinete del gobernador regional Juan Pablo Leonelli, hubiese perdido su teléfono celular en un viaje al extranjero en 2023.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce de alguna reacción desde el Ministerio Público, luego de que el fiscal Palma borrara su celular antes de entregarlo a la Policía de Investigaciones (PDI).

Operación Huracán

Carlos Palma, cercano al ex fiscal regional Cristian Paredes y al fiscal regional Roberto Garrido, así como al ex fiscal nacional Jorge Abbott, fue puesto a cargo de la persecución por la Operación Huracán, hechos en los que Carabineros acusó en 2017 a ocho comuneros mapuche de una supuesta asociación ilícita para cometer atentados incendiarios en el sur, a través de mensajes de WhatsApp.

Las evidencias resultaron ser falsas, lo que dio paso a una investigación penal que el fiscal Palma asumió en 2018 y que hasta el momento no tiene avance alguno.