Dos fallecidos en distintas circunstancias se agregan a la lista de víctimas asesinadas por el narcotráfico y el terrorismo presente en nuestra Región.

Orwal Casanova Cameron, hombre solidario, que siempre acudió en ayuda de agricultores víctimas de violencia rural, fue asesinado por terroristas mientras defendía su predio de manifestaciones de reivindicación territorial en la comuna de Victoria.

Pedimos al Ministerio Público, lleve a cabo las investigaciones con urgencia y eficacia, encontrando prontamente a los responsables de este terrible asesinato.

Luis Morales Balcázar, inspector de la PDI, asesinado en un operativo policial en la comuna de Ercilla, es el claro resultado de dejar por años en la ingobernabilidad a parte del territorio nacional, en el cual narcoterroristas fuertemente armados controlan una amplia zona, sin permitir ningún ingreso no autorizado por ellos.

Lamentamos profundamente estas pérdidas, nuestras condolencias a sus familias y cercanos.

Estas nuevas víctimas son una prueba de la necesidad que tiene La Araucanía, de contar con el apoyo de todas las fracciones políticas del país, para recuperar la paz y terminar con la violencia rural en la zona sur.

Reiteramos nuestra petición al Ministerio Público, de efectuar las diligencias necesarias para llegar hasta los culpables.

Al Parlamento le pedimos que avance con las leyes para reforzar las policías y aumentar las penas por robo de madera y usurpaciones.

Por último, al Ejecutivo le pedimos utilizar todas las herramientas que la democracia y nuestra constitución política le entregan, para desarticular estos grupos violentos, reforzando los planes en curso, apoyando económica y políticamente el actuar de las policías, proveerlas de armamento equivalente al que deben enfrentar.

Además, le pedimos que permita a nuestros agricultores contar con elementos y equipamientos para defenderse de ataques, junto con decretar Estado de Excepción Constitucional en las comunas de la macrozona sur, con presencia efectiva del Ejército de Chile y todas las atribuciones necesarias para hacer cumplir la ley y restablecer el Estado de Derecho.