Comisión para la Paz y el Entendimiento no entregará este viernes su informe
La senadora Carmen Gloria Aravena solicitó un plazo adicional, el que los demás comisionados consensuaron, solicitándole al Presidente Gabriel Boric hasta el 30 de abril.
Según informó Ex-Ante, en agosto de 2020 la magistrada autorizó la decisión de la fiscalía de la ciudad de no perseverar una investigación en contra de J.P.P.V., luego de abusar físicamente de su pareja con "golpes de pies y puños". Sin embargo, el lunes pasado se inhabilitó y no autorizó el allanamiento de su domicilio.
La Región12/04/2021Equipo AraucaniaDiarioSorpresa ha causado la información de Carabineros, que señala que el día en que se detuvo al funcionario judicial de Traiguén, J.P.P.V. -hijo del ex intendente de La Araucanía Guillermo Pirce-, hubo una demora de 2 horas para poder ingresar al domicilio en el cual finalmente se logró incautar un revolver calibre 38, además de múltiple armamento, municiones e incluso explosivos; al recuperar lo que en el transcurso de esas horas el funcionario judicial fue arrojando hacia sitios vecinos de su propiedad, todo debidamente registrado de forma audiovisual por la policía.
Y es que tanto el segundo juez de la ciudad, como la jueza presidenta del Juzgado de Letras y de Garantía de Traiguén Karina Muñoz, se inhabilitaron para conceder la orden de allanamiento que solicitaba Carabineros, que en esos momentos se encontraba a las afueras del domicilio de J.P.P.V.
"Soy funcionario judicial, conozco mis derechos y no les doy permiso“, le dijo el ahora imputado a Carabineros el 5 de abril, cuando tocaron a su puerta para ingresar a su domicilio en busca de marihuana, según una denuncia en su contra.
Ante la respuesta de J.P.P.V., el fiscal de turno envió a los policías a pedir la orden a la jueza de Garantía, pero encontraron una negativa de parte de los colegas del funcionario judicial. En particular de la máxima autoridad del tribunal de Traiguén, la magistrada Karina Muñoz Paredes, quien se inhabilitó justamente por tratarse de un funcionario judicial. Sin embargo, en otra oportunidad la misma jueza no se había inhabilitado, esa vez, en beneficio de J.P.P.V.
Golpes de pies y puños
Según informó Ex-Ante, hace menos de un año, en agosto de 2020, Karina Muñoz Paredes aceptó oficiar como jueza de Garantía en una causa del funcionario judicial de su dependencia J.P.P.V., aceptando que el Ministerio Público no lo siguiera investigando, luego de abusar físicamente de su pareja.
"El 7 de agosto de 2020, la jueza Karina Muñoz aprobó la decisión del Ministerio Público de “abstenerse de toda investigación por no ser constitutivos de delito los hechos sobre los que recae la denuncia”. Ocho meses más tarde, la misma jueza se abstendría de aprobar un allanamiento a la casa del funcionario judicial", señala Ex-Ante.
Y es que el referido funcionario judicial de Traiguén, registra una causa de agosto de 2020 por un episodio de violencia en el hogar. Según Ex-Ante, en esta se lee que, en una oportunidad: “le habría propinado golpes de pies y puño en diferentes partes del cuerpo (a su mujer), no importándole la presencia de sus hijos”.
Al lugar habrían llegado los padres de J.P.P.V., que viven en la casa vecina, quienes la llevaron a su vivienda, para que el funcionario judicial dejara de golpearla y evitar un desenlace peor.
En la oportunidad, la jueza Karina Muñoz, actuando como jueza de Garantía, no se inhabilitó y aprobó la decisión del Ministerio Público de “abstenerse de toda investigación por no ser constitutivos de delito los hechos sobre los que recae la denuncia”; no obstante la grave agresión física sufrida por la pareja de J.P.P.V.
Ocho meses más tarde, el lunes 5 de abril de 2021 la misma magistrada se abstendría de aprobar un allanamiento a la casa del funcionario judicial, lo que le dio tiempo para intentar deshacerse del arsenal que mantenía en su domicilio, incluyendo 356 gramos de TNT, poderoso explosivo con el cual se podría haber causado daños en 100 metros a la redonda, de haberse utilizado.
La senadora Carmen Gloria Aravena solicitó un plazo adicional, el que los demás comisionados consensuaron, solicitándole al Presidente Gabriel Boric hasta el 30 de abril.
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