Incendio frustrado a las oficinas del Registro Civil de Collipulli y robo con intimidación reiterado son algunos de los delitos que se les acusa a Miguel Ángel Torres Toro.
La Región20/07/2021
Catalina Sánchez Hidalgo
De acuerdo a la acusación, el 3 de agosto de 2020, durante una marcha no autorizada en Collipulli, Torres Toro y un grupo de sujetos de manera concertada habrían prendido fuego en el primer piso del inmueble ubicado en calle Alcazar 1274, donde funcionan el Servicio de Registro Civil y un estudio de abogados.
"No obstante percatarse que en el interior de esta última oficina permanecía una trabajadora, el imputado y este grupo de sujetos habrían procedido a prender fuego y a lanzar elementos acelerantes, situación que motivó a la víctima a escaparse de este lugar", explicó el fiscal vocero de la Fiscalía Regional Miguel Rojas.
Por este incendio en grado frustrado la Fiscalía solicitó la imposición de una pena de 12 años y un día de presidio.
En el mismo día y lugar el acusado habría encendido barricadas y arrojado dos botellas a un funcionario de Carabineros, lo que configura en opinión de la Fiscalía los delitos de interrupción de la libre circulación y atentado contra la autoridad, por el cual pide las penas de 540 y 818 días de presidio, respectivamente.
Asalto en busca de armas
La acusación de la Fiscalía de Alta Complejidad señaló que el día 10 de julio de 2020, alrededor de las 19:30 horas, el acusado junto a lo menos otros 4 sujetos vestidos con ropa tipo militar habrían ingresado a una parcela del sector “La Suerte” de Collipulli, golpeando e intimidando con armas de fuego a dos adultos mayores y a una mujer, para obligarlos a entregar las armas que mantenían en la propiedad.
Revolver y municiones
Los asaltantes se habrían apropiado de un revolver, una escopeta, municiones, $200.000, un teléfono celular y diversas herramienta eléctricas que cargaron en la camioneta del dueño de casa, de 78 años, a quien trasladaron en el mismo vehículo hasta un inmueble vecino, donde también habrían golpeado a una persona y le exigieron la entrega de armas, aunque en este caso no lograron ingresar a la vivienda.
Por el delito de robo con intimidación reiterado, los fiscales solicitaron la pena de 15 años y un día de presidio.
En el domicilio del acusado, en la comunidad Antinao de la comuna de Ercilla, la Policía de Investigaciones encontró un galletero y un serrucho eléctrico robados en el asalto al parcelero, además de 5 cartuchos de escopeta que el imputado mantenía sin contar con la autorización. Esto último sumó un nuevo delito de la Ley de Control de Armas, por el cual piden una pena de 3 años de presidio.
Desde su detención, en agosto de 2020, Miguel Ángel Torres Toro ha sido reivindicado como “preso político mapuche”, en lienzos dejados en diversos atentados incendiarios perpetrados en Ercilla.
Los dirigentes solicitaron reforzar el trabajo en conjunto para disminuir los altos índices de inseguridad en los sectores rurales de La Araucanía.
Se trata de un “huevo de juguete para cochecito brunch & go”, comercializado en Chile durante los años 2022 a 2025.
La mujer mantenía material para ser comprado en la plataforma para adultos Arsmate y fue bajado y difundido entre sus compañeros de trabajo.
Por norma los juicios laborales son públicos, pero en el caso de las demandas contra la universidad de la Frontera, el tribunal accedió a mantenerlas en secreto.
Federico Astete Catrileo es responsabilizado del ataque al Molino Grollmus, en Contulmo, el 29 de agosto de 2022, que dejó heridos graves y el edificio totalmente destruido.
Hoy jueves se realizará la audiencia clave sobre el proyecto WTE Araucanía en el 3er Tribunal Ambiental de Valdivia donde se decidirá si el proyecto continúa rechazado o se le abre una puerta para una nueva evaluación.
El funcionario presentó una acción de tutela laboral, luego de ser desvinculado de la universidad, tras una serie de decisiones que la llevaron a una crisis financiera.
En la ocasión, Cristian Mallol Comandari, recibió tan sólo una amonestación y pudo continuar haciendo clases. Dos estudiantes habrían quedado con estrés post traumático.
La decisión la adoptó la contralora general Dorothy Pérez, por motivos propios del servicio, pasando a desarrollar otras funciones dentro de la institución.
Por norma los juicios laborales son públicos, pero en el caso de las demandas contra la universidad de la Frontera, el tribunal accedió a mantenerlas en secreto.
La mujer mantenía material para ser comprado en la plataforma para adultos Arsmate y fue bajado y difundido entre sus compañeros de trabajo.
