
INDH presenta querella criminal tras muerte de teniente de la COP
El organismo cuestiona que el oficial no haya sido informado de la calidad procesal en la que se encontraba y tampoco de los derechos que tenía como imputado.
A eso de las 09:00 horas de ayer martes comenzó una nueva audiencia en el caso de Antonia Barra, joven que denunció haber sido violada por Martín Pradenas en Pucón el 2019. En la instancia, el Juzgado de Garantía de Temuco confirmó que el imputado se mantendrá en prisión preventiva al considerar que su libertad es un peligro para la sociedad y hoy se definirá si se reabre la investigación y de cuanto sería el plazo.
La Región27/10/2021
Como es de conocimiento público, la investigación por el caso Antonia Barra se encuentra cerrada. Sin embargo, este martes se llevó a cabo una audiencia para analizar la solicitud de la parte querellante de reabrir la investigación, por "pruebas pendientes", resolución que se dará a conocer hoy miércoles a las 09:00 horas.
La defensa de Pradenas una vez más, solicitó evaluar las medidas cautelares por un "exceso de tiempo", siendo rechaza dicha solicitud, reafirmando el Juzgado de Garantía la prisión preventiva para el imputado por considerar que su libertad constituye un peligro para la sociedad y las "víctimas".
"Se han desestimado cada una de las alegaciones de la defensa efectuadas el día de hoy (martes)...el tribunal entendió que seguían existiendo cada uno de los elementos que se manifestaron a lo largo de todas estas audiencias que dan cuenta de la participación del imputado", señaló el fiscal Miguel Rojas.
Martín Pradenas es investigado por su eventual responsabilidad en a lo menos 6 "delitos sexuales que se habrían cometido" entre el 2010 y 2019. El ultimo de ellos, sería el de Antonia, la joven estudiante que tras haber denunciado una presunta violación, decidió quitarse la vida en Temuco.
Cabe recordar que Pradenas sigue cumpliendo la prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Valdivia, desde julio del 2020 y según las penas señaladas por la fiscalía, el imputado arriesgaría 10 años de privación de libertad.

El organismo cuestiona que el oficial no haya sido informado de la calidad procesal en la que se encontraba y tampoco de los derechos que tenía como imputado.

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