Matías y Moroni Ancalaf, hijos del lonko Víctor Ancalaf, se encuentran en prisión preventiva desde el 9 de octubre de este año, en el Complejo Penitenciario Llancahue de Valdivia.
La Región28/12/2021
Equipo AraucaniaDiario
El 24 de mayo de este año, mientras el lonco Víctor Ancalaf participaba de las conversaciones con representantes del Parque Eólico que se instala en su comuna y la Municipalidad de Collipulli, en la Ruta R-35 efectivos de Carabineros fueron atacados con disparos al acercarse a despejar una barricada que impedía el libre tránsito por el lugar. Una de las balas disparadas desde la orilla de la carretera, entró por un costado del chaleco antibalas del sargento Francisco Benavides, quien falleció más tarde en un recinto asistencial debido al impacto que recibió en el tórax.
Hasta ahora, el crimen del sargento se imputa directamente a Matías Ancalaf y a Moroni Ancalaf. Al primero, además se le acusa del delito de un abuso sexual denunciado el 10 de septiembre.
Asimismo, al padre de ambos, el lonco Víctor Ancalaf -ex vocero de la CAM- se le atribuye el porte ilegal de municiones, dado que al momento de las detenciones de sus hijos en su casa, se encontraron cinco cartuchos de escopeta calibre 12.
La huelga
"El martes 21 de diciembre se inició el rechazo a la alimentación entregada por el recinto penitenciario, decisión por parte de los presos políticos mapuche Matías Ancalaf y Moroni Ancalaf, quienes están en prisión preventiva desde el 9 de octubre del presente año, en el Complejo Penitenciario Llancahue de Valdivia", dice un comunicado de ambos imputados, difundido ayer a través de redes sociales.
"Hace más de dos meses que la familia de lo PPM solicitaron el traslado de los lamgen a la cárcel de Angol, quienes aún se encuentran en prisión preventiva, Morini y Matias Ancalaf", agrega el comunicado.
"El rechazo a la alimentación entregada al interior de la penitenciaria se debe a que desde que pu lamgen se les entrego la información de su traslado han estado recibiendo alimentación con cantidades desmesuradas de sodio, lo que interpretamos como una medida de castigo excesiva añadiéndose al trato inhumano que han estado recibiendo pu lagmen en el recinto", manifestaron.
"Estas peticiones son mínimas y alcanzables, sólo por decisión política del gobierno no se ha llevado a cabo el traslado a la cárcel de Temuco, con la clara muestra de debilitar emocionalmente a pu lamgen y mantenerlos alejados de sus familias y su mapu", agregan, no obstante que al día de hoy ambos imputados ya fueron trasladados a la cárcel de Temuco.
"Exigimos la libertad de todos los presos políticos mapuche que se encuentran en las cárceles del Wallmapu y han sido injustamente condenados por el estado chileno con sus medidas arbitrarias y racistas", termina el comunicado.
La demora del rescate puso en tela de juicio los procedimientos y protocolos en estas situaciones, donde inicialmente se solicitó "no llamar a Bomberos".
El docente habría ganado hasta un millón mensual haciendo funcionar 40 computadores día y noche, lo que puso en riesgo a la comunidad escolar.
Son más de 400 los empresarios que han sufrido atentados, afectando a sus trabajadores y familias, directa e indirectamente.
Matías y Eriberto Ancalaf Prado fueron condenados a 15 años por el asesinato del sargento Francisco Benavides, el 24 de mayo del 2021 en Collipulli.
La Contraloría detectó además que el jefe de traumatología decidía qué pacientes operar en intervenciones compradas, aunque era parte del equipo que operaba.
El hoy fiscal regional de Coquimbo nació en Temuco y comenzó su carrera del Ministerio Público en Loncoche en el año 2000.
Es de esperar que este año no mueran más personas en situación de calle por frío, como viene sucediendo en los últimos inviernos.
Afirmaron que de lo contrario demostrarían su falta de voluntad para resolver el conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche.
La Contraloría detectó además que el jefe de traumatología decidía qué pacientes operar en intervenciones compradas, aunque era parte del equipo que operaba.
Según la fiscalía, Rubén Cheuquepán debía declarar por videoconferencia, lo que le imposibilitaba comunicarse con su abogado de forma simultánea y en persona.
