Antonella Saffirio Rodríguez
Una comunidad mapuche de la región de La Araucanía, con el patrocinio del abogado y Director ejecutivo de la Fundación Centro de política indígena RAKIZUAM, ingresó recurso de protección en contra de la Convención Constitucional por "actos arbitrarios e ilegales en el desarrollo del proceso de participación y consulta indígena".
Desde la Fundación RAKIZUAM, su Director ejecutivo, abogado Richard Caifal Piutrin, informó que previamente la Fundación había presentado una carta denuncia a la presidenta de la Convención Constitucional por las serias irregularidades en el proceso de la participación y consulta indígena, como el no respetar los estándares mínimos establecidos, no solo por la legislación chilena (Convenio 169 OIT) sino también, por acuerdos internacionales, en que el Estado de Chile se ha hecho parte (ONU -2007, OEA - 2016).
Carta que fue respondida por la presidenta, María Elisa Quinteros mediante un correo electrónico.
Cabe recordar que, desde la Convención Constitucional, se estableció un plazo de 19 días para la realización de este proceso de Consulta Indígena (14 febrero al 04 marzo), periodo que no permitió informar adecuadamente e impidió el ejercicio del derecho de participación para los 2.185.000 indígenas repartidos por todo Chile.
Además, se restringió la posibilidad para debatir conforme a los ritmos y procedimientos que tiene cada uno de los 10 pueblos. Finalmente, el documento base elaborado para la realización de la Consulta, contenía 5 principios que no son de fácil comprensión para quienes no dominan términos y principios jurídicos y, 25 derechos que tienen una tendencia ideológica hacia el Estatismo y propiedad comunitaria, no aceptada por la gran mayoría de los indígenas que aspiran a la propiedad privada y libertad de emprender.
Además de lo anterior, se han incumplido los principios básicos exigidos para toda consulta indígena, como el carácter previo de la misma y la buena fe ya que el pleno de la Convención Constitucional ha aprobado diversas normas relacionadas con los pueblos originarios para ser incorporadas a la nueva constitución, sin haber realizado consulta previa.
Con la presentación se espera corregir las deficiencias, arbitrariedades e ilegalidades en que ha incurrido la Convención Constitucional y, que las normas aprobadas a la fecha sean declaradas nulas o dejadas sin efecto.
Por último, se hace un llamado a los tribunales superiores de justicia para que no dejen en el desamparo o desprotección jurídica a la ciudadanía, ya que actualmente no existen instancias para representar el actuar que pueda ser irregular de la Convención Constitucional.
