La medida se aprobó por 126 votos a favor, 7 en contra y 9 abstenciones en la Cámara de Diputados, pero los patrullajes seguirán siendo en las rutas.
La Región15/06/2022
Catalina Sánchez Hidalgo
Fue la tarde de este martes 14 de junio, cuando los Diputados y Diputadas debieron votar una nueva prórroga del Estado de Excepción que fue decretado por el Ejecutivo en mayo de este año, por la ola de violencia que se vive en la macrozona sur, pero principalmente para garantizar un abastecimiento seguro al transitar por las rutas de la región.
Y es que pese a que surgían las dudas de si los parlamentarios aprobarían esta medida o no, pues han criticado el término de "acotado", esta medida se aprobó por 126 votos a favor, 7 en contra y 9 abstenciones, por lo que tendrá una duración de 15 días, prorrogable por esta misma vía, si el Gobierno así estima necesario solicitarlo.
Este decreto que fue implementado en el gobierno también de Sebastián Piñera, permite que las Fuerzas Armadas realicen patrullajes. Sin embargo, en esta ocasión y tal como se ha hecho hasta el momento, éstos serían principalmente en las rutas y no en caminos secundarios o predios, donde ocurren la mayoría de los atentados, lo que ha sido cuestionado por los agricultores de Malleco.
Una provincia incluso, en la cual, la tarde de este lunes, todos los caminos estuvieron cortados por barricadas y atentados, lo que generó que algunos vehículos estuvieran volcados y no pudieran transitar, justo cuando sigue vigente el Estado de Excepción.
Es importante precisar que la sesión en la cual se votó la prórroga, no estuvo exenta de críticas, pues estuvo presente la Ministra Izkia Siches, justo cuando los parlamentarios buscaban votar un proyecto, para que la medida no sea acotada a lo que respondió que “no por tener un Estado de Excepción distinto, vamos a resolver los problemas de fondo”.
Cabe señalar que uno de los fundamentos para extender esta medida tiene relación con que las rutas y vías de la zona afectada son objeto de hechos de violencia, reconociendo que tales actos ponen en peligro la integridad física y la vida de trabajadores del área. Además, de "restringir el libre tránsito y alterar el orden público".
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