El 27 de octubre de 2017, después de una década de manifestaciones multitudinarias, Cataluña organizó un referéndum de autodeterminación sin el consentimiento del Estado español. Lo hizo a pesar de todo porque España se negaba a debatir y quería imponer su voluntad. Participaron 2,3M de personas con un 90% a favor de la independencia. Con el referéndum, el Gobierno catalán pretendía empujar a España a negociar, pero el Estado siguió rechazando el diálogo, envió 10.000 policías a reprimir la votación y Europa no hizo nada para exigir que se abordara el conflicto de manera democrática.

Ante esa reacción de España, el Gobierno catalán de Carles Puigdemont no encontró alternativa que proclamar la independencia de Cataluña, que era lo que la ciudadanía había votado. La declaración de independencia fue aprobada por el Parlamento catalán por unanimidad e históricamente ya está proclamada. Más de 70 países se pronunciaron al respecto, mayoritariamente en contra, como es normal en este tipo de casos para no contrariar al estado vigente, hasta que la independencia se confirma por la vía de los hechos y entonces se oficializa el reconocimiento internacional del nuevo estado.

En ese entonces, el Gobierno catalán no quiso pedir a la ciudadanía que defendiera la independencia en la calle, pues tenían la certeza que el Estado español reaccionaría violentamente ante un pueblo que resistiera masiva y pacíficamente. Por eso, el Presidente Puigdemont, ante su inminente detención, se exilió a Bélgica. Ha sido elegido diputado del Parlamento Europeo, donde defiende el derecho de Cataluña a la independencia, y está batallando en las instancias judiciales de la UE.

Cinco años después, las resoluciones de la Justícia europea están a punto de salir, por eso el Consejo de Europa ha publicado, el 25 de octubre, una nueva resolución (1) redactada por su secretaria general, Marija Pejčinović, que sigue la senda del Informe Cilevics (2) del Consejo de Europa que criticaba la reacción de España contra el movimiento independentista catalán. Y también da continuidad al informe del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU (3) que estimó totalmente inaceptable la represión española. El nuevo informe del Consejo de Europa sostiene que es lícito perseguir la independencia de un territorio europeo siempre que se haga sin utilizar ni incitar la violencia. Esto desautoriza por completo la justicia española que está persiguiendo el pacífico movimiento independentista catalán como si fuera terrorismo.

Hace 5 años ya demostramos que apostábamos por una solución negociada. La próxima vez que estemos en el mismo punto, y no pasará mucho tiempo, no nos detendremos para buscar salidas dialogadas y seguiremos adelante con la lucha no-violenta, al estilo Gandhi, para controlar del territorio a base de multitudes que desobedecerán y desbordarán el Estado español. Si España utiliza la policía y el ejército contra población pacífica, Europa deberá cargar esa responsabilidad en su conciencia.