
Cinco niños quedan atrapados en ascensor de edificio residencial en Temuco
La demora del rescate puso en tela de juicio los procedimientos y protocolos en estas situaciones, donde inicialmente se solicitó "no llamar a Bomberos".
La seremi de Educación confirmó que no se pudo entregar los almuerzos de la Junaeb. Un 11,9% de docentes se adhirió al paro, todos del sector municipal.
La Región30/08/2023El origen de la llamada Deuda Histórica de los profesores se remonta a la década de 1980, cuando el Gobierno Militar decidió que la hasta entonces educación pública, pasara a administrarse por los municipios y desde ese momento, los recursos para los establecimientos y las remuneraciones de los trabajadores serían entregados por estas, que a su vez lo recibirían del Estado.
En este contexto, los profesores al ser traspasados a las municipalidades como trabajadores de estas, perdieron su reajuste salarial contemplado en el artículo 40 de la ley Ley N° 3.551, que se desconoció por parte de los nuevos empleadores.
Así, hay una nómina de docentes de entre 1980 y 1987 que perdieron estos beneficios y los reclaman de vuelta, estimándose que son cerca de 70 mil las personas afectadas en este periodo, de las cuales ya han fallecido al menos 20 mil.
Una de las medidas de presión más fuertes que existe, es poner a los alumnos de por medio y dejarlos sin poder asistir a clases. Lo anterior genera no solo un problema educativo, sino en muchos casos, un caos familiar. En familias monoparentales, el sustento del hogar no puede salir a trabajar y en el caso de los matrimonios, uno de los dos debe quedarse en la casa para poderlos cuidar. Un problema que ningún Gobierno quiere y donde todos tratan de negociar.
Y el de Gabriel Boric -es justo reconocer- es una de las administraciones que más ha avanzado, ya que hay propuestas e incluso, un proyecto de ley que permitiría una reparación. "Hoy el Ministerio de Educación hizo entrega de una nueva respuesta al Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, en la que se reafirman los compromisos planteados en otras misivas anteriores. Respecto a aquello quiero resaltar dos puntos que son relevantes para los docentes de la Araucanía, en primer lugar un proyecto de ley que tendería a abordar la reparación de la deuda histórica para todos los profesores y profesoras afectadas", dijo la seremi.
Lo anterior, incluye un "pago oportuno" a partir de 2024 de los casos más críticos. Además, la seremi de Educación explicó que se abordará el tema de la mención de las educadoras diferenciales y de párvulos a través de una mesa técnica.
"Esperamos que la respuesta que se ha dado hoy (ayer) por el Ministerio de Educación a los profesores y profesoras de Chile tenga una favorable acogida, especialmente en el 11,9% de docentes que se adhirió en La Araucanía a esta movilización", puntualizó María Isabel Mariñanco.
"Respecto de la alimentación, queremos señalar que la mayoría de los establecimientos recibieron su alimentación, sin embargo, hubo 80 de ellos en los cuales no se pudo entregar esta importante ayuda para las familias de La Araucanía", sentenció la seremi de Educación.
Cabe señalar que según un estudio de la Universidad de Chile, un 9% de los niños chilenos sólo se alimenta a través de lo que recibe en sus colegios de la Junaeb.
La demora del rescate puso en tela de juicio los procedimientos y protocolos en estas situaciones, donde inicialmente se solicitó "no llamar a Bomberos".
El docente habría ganado hasta un millón mensual haciendo funcionar 40 computadores día y noche, lo que puso en riesgo a la comunidad escolar.
Son más de 400 los empresarios que han sufrido atentados, afectando a sus trabajadores y familias, directa e indirectamente.
Matías y Eriberto Ancalaf Prado fueron condenados a 15 años por el asesinato del sargento Francisco Benavides, el 24 de mayo del 2021 en Collipulli.
La Contraloría detectó además que el jefe de traumatología decidía qué pacientes operar en intervenciones compradas, aunque era parte del equipo que operaba.
El hoy fiscal regional de Coquimbo nació en Temuco y comenzó su carrera del Ministerio Público en Loncoche en el año 2000.
La Contraloría detectó además que el jefe de traumatología decidía qué pacientes operar en intervenciones compradas, aunque era parte del equipo que operaba.
Según la fiscalía, Rubén Cheuquepán debía declarar por videoconferencia, lo que le imposibilitaba comunicarse con su abogado de forma simultánea y en persona.
El docente habría ganado hasta un millón mensual haciendo funcionar 40 computadores día y noche, lo que puso en riesgo a la comunidad escolar.
La demora del rescate puso en tela de juicio los procedimientos y protocolos en estas situaciones, donde inicialmente se solicitó "no llamar a Bomberos".