Tres visitas semanales de 6 horas, regreso de comuneros a la cárcel de Angol y luego su traslado a centros de menor vigilancia, además de invertir $1.200 millones en el recinto carcelario, estarían dentro de lo concedido para que terminaran la medida de presión.
La Región02/09/2023
Equipo AraucaniaDiario
En mayo comenzó la huelga de hambre de los comuneros del módulo mapuche de la cárcel de Angol, luego de que seis de sus internos -en ese entonces tres condenados y tres imputados- fueran trasladados a penales fuera de la región y a lugares tan lejanos como Rancagua y Puerto Montt.
La medida se adoptó, luego del incidente donde tres gendarmes fueron retenidos y agredidos por los presos mapuche de Angol, después de que se les cancelaran las visitas por las elecciones del domingo 7 de mayo; incidente que la Fiscalía Regional denominó como "secuestro" y donde espera formalizar a los agresores por este delito.
Sin embargo, estos hechos solo fueron la mecha que encendió La Araucanía desde mayo. Decenas de atentados y ataques incendiarios iluminaron lienzos reivindicatorios que reclamaban el regreso de los presos mapuche a la cárcel de Angol. Escuelas, iglesias una posta e infinidad de vehículos fueron quemados -presuntamente- buscando la vuelta de los comuneros mapuche hacia la región; algo que finalmente, sucedió.
No obstante que el delegado Presidencial José Montalva, siempre habló de conversaciones, una vez depuesta la huelga, salió a aclarar que lo que hubo fue una decisión técnica de Gendarmería. Sin embargo, según publicó El Líbero, hubo una negociación y acuerdos entre el Gobierno y los presos de Angol.
"El Líbero pudo conocer que las bases del acuerdo entre el Gobierno y los presos de Angol incluyeron retomar las visitas que tenían los presos, es decir tres días a la semana y por un lapso de seis horas en cada jornada, el traslado de los presos mapuches dispersados paulatinamente de regreso a Angol; así como ir trasladando los presos mapuche de la cárcel de Angol a Centros de Educación y Trabajo (CET)", publicó este medio de comunicación.
"Por otro lado, también se habría acordado el equipamiento del recinto penitenciario con una inversión de $1.200 millones, así como la adecuación del reglamento de Gendarmería para que la huelga de hambre no sea constitutiva de falta grave", puntualizó El Libero.
Finalmente, queda el abierto un cuestionamiento a la gestión de las autoridades cuyas desiciones generaron un conflicto cuya solución, terminó siendo la demanda inicial de los comuneros mapuche, tres meses y varios atentados después. Es más, habrían terminado mejor que cuando comenzaron, al agredir y retener a los tres gendarmes de Angol.
La senadora Carmen Gloria Aravena solicitó un plazo adicional, el que los demás comisionados consensuaron, solicitándole al Presidente Gabriel Boric hasta el 30 de abril.
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