A raíz de la polémica por el financiamiento de los Gobiernos Regionales hacia Fundaciones, Corporaciones y organizaciones no gubernamentales como asociaciones o clubes de adulto mayor, al mes de agosto de 2023 se ralentizó la ejecución presupuestaria a nivel nacional.
La Región 13/09/2023
Equipo AraucaniaDiario
Ni Camila Polizzi, Diego Ancalao o Rinet Ortiz (representante de la empresa Folab y Educc) se han visto tan afectados como los adultos mayores o las juntas de vecinos a quienes al día de hoy, a través de la Circular 20.pdf del 11 de agosto de 2023 del ministerio de Hacienda, se les está exigiendo que sean ellos mismos quienes desarrollen los trabajos o funciones que los proyectos que postularon -muchos de ellos el año pasado- y que son el objeto principal del convenio a través del cual se les benefició.
Así, si se trata de alarmas comunitarias, los vecinos debieran adquirir las centrales, los paneles, las bocinas y hasta los tornillos para instalarlas, contratando además la mano de obra especializada para realizar la instalación.
De igual manera los adultos mayores que se adjudicaron fondos, por ejemplo para realizar viajes y capacitarse, en lugar de "subcontratar" el servicio completo, si desean ir a las termas, debieran contratar por separado el bus, la visita al centro termal y la alimentación. Y respecto de la capacitación, por ejemplo en autocuidado, deberían pagar además a los profesionales y hacerse cargo de la cancelación de sus impuestos o imposiciones.
Lo anterior porque el punto número 7 de la circular 20, señala expresamente la prohibición de subcontratar: "7. Limitación a la subcontratación. Sólo se permitirá la subcontratación para actividades que no constituyan el objeto principal del convenio. Las actividades a subcontratar deberán estar claramente precisadas en el convenio".
Sin embargo eso no es todo, ya que el mismo cuerpo legal -inferior en jerarquía a la ley de Presupuestos- exige que todos los proyectos financiados por montos superiores a 500 UTM, deberán ser garantizados por boletas de garantía o vales vista, por un mínimo de un 5% del monto total de convenio.
Lo anterior exige que estas entidades deberán "paralizar" estos montos hasta después de que se haya terminado de ejecutar el proyecto, ya que su devolución sólo se realizaría una vez aprobada la última rendición por parte de los Gobiernos Regionales.
Así, si un programa de $40 millones es adjudicado, antes de que se entreguen los recursos el beneficiario debiera depositar como garantía 2 millones de pesos, los que solo serían recuperados hasta después de rendido el monto transferido, según señala el punto 4 de la citada circular.
Finalmente y con lo que pocos tienen reparos, es que esta circular exige una antigüedad de los organismos a financiar superior a los dos años, lo que sin embargo contradice lo que señala la Ley de Presupuestos del sector público para este año, cuerpo legal de mayor importancia de la circular del ministerio de Hacienda que estaría contradiciendo lo legislado por el Congreso el año pasado.
Así las cosas y en gran medida por culpa de las polémicas protagonizadas por Camila Polizzi, Diego Ancalao y Ríñete Ortiz, la última ejecución presupuestaria de los Gobiernos Regionales publicada por la Subdere, sólo alcanzó en promedio un 46%.
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