La fiscalía pretende remover de la causa a la jueza de Garantía Viviana García y hasta el momento, de acuerdo a la CAM, no existen pruebas suficientes para condenarlo, aparte de los llamados "testigos sin rostro".
La Región 17/09/2023 Ricardo Barría Dillems
Al 4 de septiembre de 2022, el día del plebiscito donde para el Gobierno el Apruebo debía ganar, Héctor Llaitul, vocero histórico de la Coordinadora Arauco Malleco, ya llevaba más de dos semanas preso.
Justo un mes antes, la encuesta Plaza Pública Cadem había medido por única vez su "popularidad" y había salido con un alto rechazo. Estaba todo listo entonces para detenerlo, aunque fuera por la ley de Seguridad del Estado, algo que la izquierda tradicionalmente ha rechazado; así es que el fiscal regional Roberto Garrido organizó su detención, aunque podría haberlo hecho meses antes, incluso durante el Gobierno del exPresidente Sebastián Piñera.
El resto de la historia es conocido: Ganó el Rechazo -apresar a Llaitul en nada ayudó-, fue acusado con muy pocas pruebas e incluso, usando los llamados "testigos sin rostro". El plazo de la investigación terminó y hoy espera un juicio oral del cual es muy probable que sea absuelto. Sino, ganará finalmente en tribunales internacionales.
"A más de un año de estar en prisión política, procesado por la ley de Seguridad Interior del Estado, una ley que utilizó Pinochet, para perseguir y reprimir a sus opositores; también está acusado por el robo de madera y atentado a la autoridad, delitos que son falsos y de lo que suponemos se pretende imponer un nuevo montaje en su contra, porque lo medular de la acusación es por ser dirigente de nuestra organización y por expresar ideas de lucha mapuche revolucionaria, o por dar entrevistas, o realizar diversos actos como vocero", dijo Rafael Pichún, vocero político de la CAM, a través de un comunicado público.
"Exigimos al Estado de Chile, a este Gobierno, un juicio justo con un debido proceso para el peñi, a mas de un año de tenerlo como rehén, la causa en su contra está llena de irregularidades", puntualizó Rafael Pichún.
"... eso más allá de que la fiscalía, el Ministerio Público no tienen la suficiente prueba para una eventual condena y por eso creemos que su proceso se ha retrasado una y otra vez, con cualquier argumento, ya sea esgrimido por la fiscalía o los querellantes, o por trabas que han impuesto al tribunal de Garantía de Temuco", añadió el vocero de la CAM.
"Hoy jueves 14 de septiembre no tenemos ninguna idea, ninguna información de parte de las autoridades judiciales del porqué no se ha reanudado la preparación del juicio de nuestro peñi", agregó el vocero.
"Solo sabemos que tanto la fiscalía como los querellantes, las forestales y así como este Gobierno, quieren, pretenden sacar a la jueza de Garantía de Temuco, que a nuestro juicio solo hace su trabajo y es garantista y hasta ahora, no se ha sometido al poder", puntualizó Pichún.
"La quieren sacar porque se opuso a que participen en el juicio los testigos sin rostro, los denominados testigos protegidos, los que servirían sólo para establecer un montaje. La quieren sacar porque no tienen la prueba suficiente, quieren imponer a la fuerza muchas pruebas y testigos falsos", finalizó el vocero de la CAM.
Nuevos procedimientos de registros y allanamientos se realizaron en 11 recintos penitenciarios de la Región de La Araucanía.
Los parlamentarios Karen Medina y Stephan Schubert esperan que se aplique la máxima pena para el vocero histórico de la Coordinadora Arauco Malleco.
Las capacitaciones abordaron las medidas preventivas frente a riesgos como el manejo de material corto punzante, la manipulación de carga y los riesgos biológicos.
La agrupación que reúne a más de una veintena de voluntarias, recibió la renovación del inmueble fiscal que actualmente utilizan, el cual es utilizado como un espacio de reuniones y también para guardar insumos, con los que recorren hospitales para apoyar a quienes tienen distintas patologías.
Criticaron además el fallido proceso de consulta indígena para la modificación del reglamento de Gendarmería, donde denuncian, no se escuchó a los presos mapuche ni a sus familiares.
Además, el sociólogo investigado en el caso "Convenios" no pudo leer su declaración antes de firmarla y tuvo que aceptar lo que le dijeron que decía. Fiscal Carlos Cornejo quedó como imputado y será investigado en otra región por las graves acusaciones en su contra.
Según las mediciones realizadas por la Sociedad Civil Organizada, varios otros establecimientos de la capital regional también estarían muy por sobre el nivel de "Daño" hacia los alumnos.
Los empresarios manifestaron que según la OMS no existe evidencia científica que demuestre riesgos a la salud por la exposición a señales de radiofrecuencia (RF) procedente de las estaciones base de servicios móviles.
De esta manera, el tribunal de alzada dejó firme la histórica sentencia a favor de pacientes que fueron maltratados dentro del Servicio de Psiquiatría del hospital Hernán Henríquez Aravena.
El holding de capitales coreanos reconoció a sus trabajadores que cumplieron 10, 20 y 30 años trabajando en la planta de tableros de madera ubicada en Lautaro.
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