La cuestionada organización donde trabajó el exseremi del Maule Rodrigo Hernández (Revolución Democrática), recibió en la región 6 asignaciones directas del Serviu y del Minvu entre 2021 y 2022.
La Región10/11/2023
Equipo AraucaniaDiario
Con cuatro fundaciones ha trabajado el Ministerio de Vivienda (Minvu) en La Araucanía desde el año 2021: Fundación ENRED, Acción Digital, Enlace Urbano O.N.G. y la Fundación Urbanismo Social. Todas recibieron recursos que suman $407.470.617 en total y en cada uno de estos traspasos de recursos, la Contraloría General de la República detectó serias irregularidades, a diferencia de lo asegurado por la seremi del ramo, Ximena Sepúlveda, en julio pasado.
Entre las cuatro organizaciones sin fines de lucro, destaca Urbanismo Social, la cual ha sido duramente cuestionada por sus vínculos con autoridades del Maule y que en La Araucanía recibió 6 de las 9 transferencias de recursos realizadas. "Tenemos más convenios con ellos (Urbanismo Social), no es que les asignemos más plata arbitrariamente, nos que tenemos más convenios con ellos porque atienden más campamentos”, dijo la seremi en la oportunidad.
En el Maule, el seremi del Minvu Rodrigo Hernández (Revolución Democrática) tuvo que renunciar, luego de que le adjudicara a esta fundación millonarios fondos sin inhabilitarse, ya que había trabajado en Urbanismo Social por más de 6 años.
En la región fueron varias las irregularidades que detectó la Contraloría General de la República, entre las que destacan: falta de procedimientos de control para evitar eventuales conflictos de interés, asignación directa de iniciativas de inversión, falta de exigencia de los planes de trabajo, y una persona contratada por la fundación Urbanismo Social se desempeña a honorarios en dependencias del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
En efecto, la Contraloría comprobó que Vicente Guzmán Güideri, representante legal de Urbanismo Social, prestó servicios bajo la modalidad de honorarios en la Delegación Provincial del Biobío, durante el período comprendido entre el 11 de marzo y el 1 de octubre de 2022, y en el Servicio de Vivienda y Urbanización del Biobío a contar del 1 de octubre de 2022, "contrato que se encuentra vigente", señaló el ente contralor.
"Lo anterior, implica que dicha persona luego de firmar los convenios en su calidad de representante legal de la Fundación Urbanismo Social y transcurrido el plazo de ejecución de ambos proyectos, fue contratado vía honorarios por la Delegación Provincial y luego por el Servicio de Vivienda y Urbanización, situación que puede incidir en el manejo de información privilegiada en favor de la fundación donde fue, como ya se mencionó, su representante legal", puntualizó la Contraloría.
Pero las irregularidades siguen, ya que la Contraloría detectó que los traspasos no se informaban al Registro Nacional de Colaboradores del Estado. "Analizado el registro que establece la ley N° 19.862, se verificó que no existe información de parte del aportante, en este caso la SEREMI del MINVU de La Araucanía, sobre los recursos públicos aportados a los organismos ejecutores de los convenios suscritos entre los años 2021 y 2023", señala el informe, de los siguientes recursos aportados:
"Al respecto, cabe recordar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la ley N° 19.862, los órganos y servicios públicos incluidos en la Ley de Presupuestos y los municipios que efectúan transferencias, deben llevar un registro de las entidades receptoras de fondos públicos y éstas últimas tienen la obligación de inscribirse en aquellos registros", indicó la Contraloría.
"La omisión indicada, contraviene los principios de control, eficiencia, eficacia, responsabilidad y transparencia consignados en los artículos 3°, inciso segundo, y 5°, de la ley N° 18.575, en orden a que las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los recursos públicos y por el debido cumplimiento de la función pública", agregó el ente contralor, otorgando plazo para subsanar algunas de las observaciones detectadas.
Especial importancia tuvo la presentación de testigos que fueron calificados como "no imparciales" por el Tribunal, mientras la causa penal se mantiene suspendida.
Jorge Montes Coronado habría ocultado que mantenía procesos administrativos pendientes de resolución. Además, mantiene una relación de pareja con una funcionaria del Hospital de Angol.
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