La gente no sale al campo porque teme que les disparen. En ciertas comunas hay alta deserción escolar e incluso los furgones no se atreven a ir a buscar a los niños. Hay iglesias cristianas quemadas y drones vigilando ceremonias mapuche.
La Región 14/11/2023
Equipo AraucaniaDiario
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) preparó el "Informe sobre Violencias Percibidas en la Macrozona Centro-Sur 2023", documento con información que recopiló a través de un programa que se creó especialmente en cuatro regiones: Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, entrevistando a las víctimas de la violencia en distintos "lados" del conflicto.
De acuerdo al informe, las personas ya no salen, porque temen por su seguridad y en algunas partes en sectores rurales, los furgones escolares no van a recoger a los niños por la inseguridad de los caminos. En ciertas comunas hay alta deserción escolar, hay iglesias cristianas quemadas y drones vigilando ceremonias mapuche. Estas son algunas de las situaciones críticas que describe el Informe.
El documento fue preparado en conjunto por el Programa de Fortalecimiento de la Macrozona Centro-Sur y la Unidad de Estudios y Memoria. En sus 66 páginas, el análisis buscó ir más allá de relevar las violencias entre el Estado y el pueblo mapuche. Se concentró en la vulneración de los derechos humanos cometidos por agentes no estatales. Es decir, entre particulares. Se realizaron entrevistas a todo tipo de personas vulneradas. El programa funciona en Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
Además, el trabajo se centró en la responsabilidad del Estado en evitar vulneraciones de terceros en cinco derechos específicos. Se trató de la seguridad personal, el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes, libertad de conciencia y culto, el derecho de propiedad y la libertad de residencia y libre circulación. Hay que mencionar que el informe estudió la evolución de delitos, mostrando que los vinculados a violencias tienen tasas más altas que a nivel nacional. Malleco y Arauco tienen las mayores cifras de denuncias y casos.
La información que entregan las personas apunta a un abandono por parte del Estado para atender sus requerimientos. También refieren que en lo que toca a la seguridad personal, el Estado tiene falencias para abordar de modo integral y adecuado la situación. Hay representantes gremiales que creen que el Estado tiene “un diagnóstico equivocado o insuficiente”. Algunos dicen que la clave es “un trabajo en conjunto” entre Carabineros y la PDI y otras autoridades. En cambio, otros plantean que falta “mano dura”.
Las personas relataron los ataques incendiarios en contra de establecimientos educaciones. Pero hay más. En la comuna de Máfil (Los Lagos) se menciona otra situación. “Debido a los cortes de caminos o la inseguridad en sectores rurales”, se mencionó que “el furgón escolar no se atrevía a ir a buscar los niños que van a la escuela o al liceo” en esa comuna.
En todo caso, estas dificultades parecieran expresarse con mayor intensidad en comunas de las provincias de Arauco y Malleco. “Las situaciones de violencia en sectores específicos”, se dice, “se traducen en la afectación del derecho a la educación reflejada en las cifras de deserción escolar”. Esto es confirmado por la Delegación Provincial de Malleco y Araucanía. “Ese podría ser el motivo de que actualmente en las comunas de Ercilla, Collipulli y algunos sectores de Victoria exista más deserción y exclusión escolar”, se indica.
Al respecto, se concluye que “las percepciones de distintos actores evidencian una situación de afectación al derecho a la educación, que más allá de tener un alcance limitado geográficamente, constituye un escenario de vulneración”. A eso se suma que se indica que “el Estado ha tomado medidas insuficientes para enfrentar el complejo escenario en los sectores afectados”.
En lo que toca a este derecho, el informe del INDH recabó dos tipos distintos de situaciones. Por un lado, la quema de iglesias cristianas. “La situación es interpretada por las personas entrevistadas como actos de profunda violencia que afectan sustancialmente la convivencia en la zona”, se dice.
Sin embargo, el documento expone otra situación hasta ahora aparentemente poco advertida. “Se registran relatos de vulneración de derechos en prácticas religiosas mapuche. Una entrevistada afirmó que se produjeron eventos de vigilancia de ceremonias religiosas por medio de drones, situación que altera el ejercicio del derecho a la libertad religiosa y su práctica”, detalla el texto. No fue posible determinar si los vulneradores fueron agentes estatales o particulares. Aun así, se recuerda en el informe del INDH que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a profesar la libertad religiosa.
“Para quienes profesan credos indígenas y también no indígenas”, prosigue el documento, “la violencia en la zona ha repercutido en el libre ejercicio de sus creencias religiosas, tanto por la destrucción o afectación de lugares sagrados como por la interferencia en ceremonias religiosas”, señalan.
En lo que toca al derecho de propiedad, el informe exhibe la visión de los afectados. “Algunos de los entrevistados atribuyen estos actos a causas de grupos mapuche. (…) Vuelve a aparecer la percepción de falta de protección por parte del Estado y el reclamo por reparación e indemnización. La conjunción de estos elementos genera en las personas la reiterada sensación de inseguridad en torno a una situación que no se ha podido remediar y que, por lo tanto, no existen expectativas de mediación del conflicto”, dice el informe del INDH.
“Los gremios entrevistados comparten esta visión y asocian los delitos de incendios con terrorismo. El análisis apunta a que el Estado no ha logrado dar soluciones tanto en la detención de los autores de los delitos como en la falta de protección de la propiedad privada como derecho”, agrega el informe.
Sin embargo, el informe también rescata que la argumentación de los actores entrevistados del pueblo mapuche se centra en que "la vulneración más grande que se ha cometido es el robo y la usurpación del territorio mapuche". "Esta postura genera que la determinación de la causalidad de la usurpación sea materia de conflicto en torno a la propiedad de las tierras”, se indica además.
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