El hombre fue condenado además por secuestro en contra del conductor de un camión y por tenencia ilegal de armas de fuego y municiones.
La Región02/12/2023
Equipo AraucaniaDiario
La Fiscalía de Alta Complejidad logró condenar a José Llaulén Navarrete a una pena de 7 años y 177 días de presidio efectivo, en un juicio abreviado (el imputado reconoció los hechos), lo que marca un hito en la persecución de delitos asociados a extorsiones a agricultores en La Araucanía, según señaló el propio Ministerio Público.
El Tribunal de garantía de Lautaro condenó a Llaulén en un procedimiento abreviado por los delitos de secuestro, usurpación, hurto de trigo e infracción a la Ley de Armas, en una investigación que el fiscal de Alta Complejidad Enrique Vásquez trabajó con Carabineros.
Según los antecedentes que entregó el Ministerio Público, en octubre de 2022, un grupo liderado por el condenado ocupó ilegalmente un predio en Lautaro e impidió las labore agrícolas, exigiendo el pago de un novillo y $5,000,000 bajo amenazas de quemar la siembra. La víctima aceptó para evitar pérdidas. En febrero de 2023, al intentar retirar trigo, un chofer fue abordado, amenazado y retenido por el grupo, exigiendo más dinero a la víctima. Carabineros intervinieron, liberando al chofer. Posteriormente, los imputados sustrajeron ilegalmente 280.000 kilos de trigo del predio.
En abril de 2023, durante un registro autorizado, la policía encontró a José Llaulén con una escopeta y cartuchos sin autorización. En estas causa hay otras dos personas condenadas, una de ellas la pareja de José Llaulén, Lucía Toro Ferreira, quien fue candidata a concejal en las últimas elecciones en el municipio de Lautaro.
Emprendedores se defienden y denunciaron un aumento del hostigamiento, con registros fotográficos, grabaciones no consentidas e incluso amenazas personales.
Un reciente estudio advirtió una profunda brecha previsional y de protección social que afecta a casi dos tercios de quienes trabajan por cuenta propia.
1.681 personas con antecedentes penales realizaron operaciones por $1.507 millones y no recuperaron las especies empeñadas, sin que se denunciara lo ocurrido.
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