Francisco Huenchumilla Jaramillo, Senador.
La Región 29/06/2024
Equipo AraucaniaDiario
La opinión pública está presenciando una serie de noticias sobre el alza de las tarifas eléctricas, materia compleja y muy técnica, y por ello me ha parecido necesario tratar de explicar a la gente de mi región de la Araucanía en qué consiste esencialmente este problema.
La tarifa eléctrica tiene tres componentes: el cargo de generación, el cargo de transmisión, y el cargo de distribución. Cada uno de estos tres elementos o componentes se determina utilizando múltiples factores.
A su vez, los consumidores son de dos categorías: regulados y no regulados.
No regulados son los que consumen sobre 5000 kw de potencia y regulados son el resto. Existe un tramo entre los 2000 y los 5000 kw en que el consumidor puede escoger la tarifa regulada o ser cliente libre como los de más de 5000 kw.
Como se entiende, las tarifas reguladas o que se calculan por la autoridad afectan sólo a los clientes de menos de 5000 kw, y en particular a los de menos de 2000 kw de consumo, estos son todos los clientes residenciales y la gran mayoría de los clientes catalogados como pymes.
El precio final para los clientes regulados se compone de los tres elementos, pero entre un 60% y un 70% del costo final lo constituye el cargo de generación.
Lo que va a subir a partir del mes de julio es el cargo de generación.
Hay que tener en cuenta, eso sí, que en el transcurso de este año corresponde que también suban, pero en menor medida, los cargos de transmisión y distribución.
Los cargos de generación se deben modificar dos veces al año, ajustándose a los costos reales del sistema, teóricamente en los meses de enero y Julio.
Cuando se estableció la fijación tarifaria en 2019 (la ley PEC) lo que se hizo fue resolver no dictar los decretos tarifarios de ese año y los siguientes (correspondía un alza de 9% en el contexto de las movilizaciones sociales y por ello se decidió no dictar el de 2019 y siguientes).
Al no reajustar los precios regulados, se estaba generando una diferencia entre el precio que se pagaba por los consumidores y el costo de generar la energía.
Esa diferencia es la que se quiere reducir ahora, y por eso se subirán las tarifas en lo que correspondería que suban, pero agregando lo más necesario para pagar la deuda que las empresas generadoras han contraído.
Inicialmente, la ley del año 2019 contemplaba un periodo en el que se iba a ir generando una deuda que se pagaría en el futuro aprovechando las rebajas en el costo de generación que traían consigo las licitaciones de generación.
La generación para clientes regulados se licita por parcialidades, estableciéndose el precio (precio nudo) en base al conjunto de los valores licitados. Tal como había anunciado el ministro Pacheco, efectivamente se proyectaba una baja en el precio nudo, y técnicamente esa baja se produjo, pero lo que no se contempló en ese momento era que otros componentes importantes del costo de generación se iban a incrementar de la manera como se han incrementado: especialmente el tipo de cambio, que desde el 2019 hasta ahora se ha devaluado en un monto muy significativo (un 30 nominal) a lo que se suma el alza de costos de las materias primas producto, primero de la pandemia, y luego, de la guerra desatada por Putin.
Dados estos incrementos de costos, al asumir el gobierno del presidente Boric se debía dictar un decreto que reajustara las tarifas reguladas para detener el incremento de la deuda. Pero era el 2022 y recién se tenían los efectos de la pandemia y de la invasión a Ucrania. Entonces el gobierno optó por enviar una nueva propuesta de congelamiento (ley MPC), pero con un proceso gradual de descongelamiento que partía por las tarifas a los consumidores de más alto consumo, presumiblemente de más altos ingresos, y retardaba el ajuste a los consumidores de menores ingresos.
Este proceso de ajuste se debía producir al dictar los decretos tarifarios de fines del 2022 y del 2023. Sin embargo dichos decretos no se dictaron, con lo que la gradualidad del ajuste no se materializó, y se llegó a la situación actual.
Desde el punto de vista financiero, la deuda la han asumido las empresas generadoras.
El monto de la deuda, tal como se estableció en el proyecto de ley recién aprobado, asciende a 5.500 millones de dólares.
De ellos, 1.800 millones corresponden a la ley del gobierno de Piñera, que fueron financiados por un crédito otorgado al sistema eléctrico por el Banco Interamericano de Desarrollo.
Los otros 3.700 millones corresponden a la ley aprobada a comienzos del actual gobierno y han sido financiados por endeudamiento de diversa índole contraídos directamente por las empresas generadoras (entiendo que también hay recursos del Banco Interamericano de Desarrollo).
Parte de estos últimos 3700 millones se habría ahorrado si se hubieran dictado los decretos tarifarios del año 2023.
Por otra parte, al dictarse la ley MPC se incrementó un componente del costo, el cargo por servicio público, extendiéndolo a los clientes no regulados; por lo que los clientes que no se han beneficiado de la fijación tarifaria están contribuyendo al pago de la deuda, en un monto de alrededor de US$ 100 millones anuales.
Desde el punto de vista del sistema eléctrico y de su sostenibilidad en el tiempo, no ajustar las tarifas no es solución por dos motivos: el primero es porque no es posible funcionar de manera permanente con costos mayores que los ingresos, salvo que generes un subsidio permanente de costo fiscal para el cual no se tienen los recursos; y el segundo, tan importante o más que el primero, porque nadie querrá invertir en el sector eléctrico si la señal que se entrega es que las tarifas son inferiores a los costos de producción, lo que tendría un impacto en cadena en la economía, incluidos los sectores emergentes del litio y el hidrógeno verde.
Como no es solución mantener la fijación de las tarifas, hay que buscar otros caminos para evitar el costo social del incremento que se está obligado a hacer, para lo cual no hay "una bala de plata".
La solución al problema se está trabajando en las instancias técnicas del Gobierno y el Parlamento, donde existen encima de la mesa diversas alternativas. Esperamos que pronto se llegue a una solución.
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