
Alumnos piden la intervención del CFT estatal Araucanía por presuntas irregularidades
Docentes acusan además, que el centro de formación técnica estatal tiene más de 20 demandas laborales en los tribunales de la región.
En abril de 2023 el fiscal regional Roberto Garrido solicitó una reunión para comprar un programa a esta fundación, que luego confirmó con un correo electrónico. Desde Paz Ciudadana niegan cualquier relación.
La Región02/09/2024Fue el el 10 de abril de 2023 que el propio fiscal regional de La Araucanía Roberto Garrido, habría concurrido hasta las oficinas del Gobierno Regional, en busca de recursos para un programa computacional a financiar a través de una fundación. Es de acuerdo a lo que informó el abogado defensor de Juan Pablo Leonelli Lepin, Javier Cornejo, durante la audiencia de formalización por el caso Convenios.
Según lo aseverado por Cornejo, la máxima autoridad del Ministerio Público en la región, habría solicitado la compra de un programa a la Fundación Paz Ciudadana, por un monto que superaría los 100 millones de pesos, lo que en una primera instancia la fiscalía regional salió a negar. "... Es lo que manifiesta la defensa de un imputado (Juan Pablo Leonelli Lepín), eso no es efectivo", informaron.
Sin embargo, existían correos electrónicos que lo confirmaban. "Estimado Juan Pablo buenas tardes, acusamos recibo y te informo que durante la semana concretamos una videoconferencia con Paz Ciudadana, por lo que estamos en condiciones de tener una reunión de coordinación con ustedes la próxima semana, idealmente presencial ...", le respondía a Juan Pablo Leonelli, el funcionario de la fiscalía regional Carlos Carvajal Bustos, desde un correo institucional.
Y la versión que faltaba era la de la propia Fundación Paz Ciudadana, con quien se comunicó AraucaniaDiario y donde negaron cualquier relación con la fiscalía regional de La Araucanía, actual o pasada.
"Fundación Paz Ciudadana no ha acordado la prestación de ningún tipo de servicio con la Fiscalía Regional de La Araucanía", señalaron a través de un comunicado, explicando además que no se dedican a la venta, por sí o a través de terceros, de software o programas informáticos.
"La fundación es una organización sin fines de lucro con mas de 30 años de trayectoria, en el desarrollo de políticas públicas para prevenir la violencia y el delito. Sus proyectos cuentan con una estricta política de transparencia y alto nivel técnico", agregaron desde Paz Ciudadana.
Docentes acusan además, que el centro de formación técnica estatal tiene más de 20 demandas laborales en los tribunales de la región.
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