Sostenedores mapuche demandan a la Junaeb por discriminación

Cada año miles de niños en todo el país, que cursan séptimo año básico en escuelas particulares subvencionadas o municipales, reciben a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas Junaeb, un computador que ellos mismos eligen y que cuenta, entre otros con conexión a internet, software educativo y de control parental y algunos accesorios. Hasta el año 2014 las condiciones para recibir este incentivo al estudio eran pertenecer al 40% más vulnerable de la población y excelencia académica, que en la práctica significaba un promedio superior a 5,7 aproximadamente.

La vulnerabilidad se evaluaba a través de la ficha de protección social y el puntaje de la familia del alumno no podía ser superior a 11.734 puntos. Pero en 2014 todo cambió. De manera unilateral Junaeb decidió otra manera de evaluar la vulnerabilidad, utilizando un índice creado para asignar las raciones alimenticias que los niños reciben de la Junaeb y para efectos de la entrega del computador, se decidió que se les entregaría solamente a quienes estuvieran en la "primera prioridad del Sinae", lo que equivalía a 4.200 puntos en la ficha de protección social y que en la ciudad, significaba vivir en "indigencia urbana".

Así las cosas, en 2014 miles de niños en Chile a quienes el año anterior se había hecho elegir su computador, no lo recibieron, dado el brusco cambio de asignación. "Eran alumnos esforzados y estudiosos, vulnerables igual que todos los demás, pero ese año les quitaron sus computadores", contó Rosendo Morales Cayuleo, presidente de ASOMA, la Asociación de Sostenedores Mapuche. Si bien ese cambio fue unilateral, afectó a todo tipo de niños, tanto a los que estudiaban en el sector particular, como municipal.

Pero lo peor estaba por venir. A contar de 2016 se crea el programa Me Conecto para Aprender, una partida presupuestaria nueva y focalizada solamente en entregar computadores a los niños del sistema municipalizado. Así, mientras el programa existente Yo Elijo mi PC se reorienta sólo para alumnos del sector particular subvencionado, el presupuesto para el nuevo programa se triplica este primer año, asignándose $36 mil ochocientos millones para el programa municipal, versus los  $10 mil seiscientos millones que se asignan para comprar los computadores para los niños del sistema particular subvencionado.

Y a partir de 2016 la discriminación se acentúa. Así lo señala Rosendo Morales, quien cuenta cómo año a año sus alumnos vuelven tristes luego de cada selección, ya que luego del primer cambio en Junaeb, la del 2014, muchos niños fueron quedando fuera de la entrega. "A lo que se agrega luego la diferencia que hacen desde el 2016 con el nuevo programa sólo para los niños de los municipales", dice Morales.

"Desde ese año la discriminación se hizo evidente, ya que mientras en las escuelas municipales les entregaban a todos los niños de séptimo un computador, acá sólo a dos o tres, quedando todo el resto mirando y muy tristes por esta discriminación", contó el presidente de ASOMA.

"Por eso es que nos decidimos a demandar, ya que luego de tocar varias puertas y de recibir portazos cada vez, la discriminación se hizo insostenible, ya que a esto se sumó las diferencias que hacen con los útiles escolares en la misma Junaeb y la diferencia de recursos para transporte escolar, entre otros", dijo el sostenedor mapuche.

La demanda

Y si bien este es una medida extrema, los sostenedores de ASOMA ya tienen algo de experiencia en la judicialización de sus demandas. El año 2015 la Corte Suprema les dio la razón en un recurso de protección contra el Estado chileno, la que dictaminó que los sostenedores mapuche habían sido discriminados por el ministerio de Educación. Y para Eduardo Curin, tesorero de la entidad gremial, esto sigue siendo así. 

"Por ejemplo, nos discriminan de varias maneras. No sólo con los computadores, ya que en transporte escolar los municipales reciben recursos del TranSantiago o subvenciones del ministerio de Transportes, mientras que a nosotros como máximo nos dan proyectos que pueden entregar hasta 6 millones anual, cuando uno gasta 20 millones o más sólo en transporte escolar", dijo el sostenedor de Toltén. 

La demanda, presentada por el estudio jurídico Rodríguez y Compañía, del abogado capitalino Ambrosio Rodríguez Quirós, busca declarar la nulidad de derecho público de la Ley de Presupuesto del año 2018 -a través de la cual se asignan estos recursos- e indemnizar a los demandantes los perjuicios causados con esta discriminación, de manera que a todos los alumnos de séptimo año básico, sean de escuelas particulares subvencionadas o municipales, se les entregue su computador.

"Es una discriminación arbitraria y sin fundamento alguno que solo genera un perjuicio directo a los alumnos y sostenedores de la educación particular subvencionada, como son la Asociación demandante, ya que, con motivo de la no entrega de computadores portátiles, los alumnos se cambian a los otros establecimientos educacionales (públicos) en donde reciben a todo evento el computador y sus accesorios, y donde, debe decirse, no reciben mejor educación", dice el abogado Ambrosio Rodríguez.

Es decir, continúa el abogado experto en Derecho Civil, que en muchos casos este programa entrega un computador no solo al alumno en particular, sino que también a su familia, lo que genera una desventaja basada en la discriminación de la JUNAEB y del Fisco por medio de la glosa presupuestaria, contraviniendo el verdadero sentido del programa Yo Elijo Mi PC antes señalado y creando otro paralelo, con mayores recursos y sin requisito alguno que se deba cumplir para acceder al beneficio.

"Queda claro como se trata de eliminar la educación particular subvencionada por parte del Fisco y la JUNAEB, ya que al no poder competir en la calidad de la educación no les queda otra alternativa que cortar beneficios y presupuesto para obligarlos a cerrar sus puertas", sentencia Rodríguez Quirós.

Asimismo, el abogado señaló que tanto la Constitución, como los tratados internacionales firmados y ratificados por Chile protegen a los niños de este tipo de discriminación. "Al parecer, el Estado de Chile ha olvidado las distintas obligaciones que le imponen los Tratados Internacionales, debidamente ratificados, así como su propia Constitución, y como da cuenta la presente demanda discrimina por grupo socioeconómico y grupo social al que pertenece el alumnado. El número 59 de la citada Observación Nº 13, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, señala exactamente lo que se pretende dejar sin efecto por medio de esta demanda", dice el abogado.

"Es forzoso concluir que la forma en que la Ley de Presupuesto discrimina entre la educación pública y particular subvencionada rompe en su totalidad lo señalado con anterioridad, que a mayor abundamiento se encuentra ratificado por el País. Es decir, el Estado de Chile discrimina tanto a los alumnos como a quienes son sostenedores de colegios, y estos últimos también son parte de una comunidad discriminada por la sociedad como lo es el pueblo originario Mapuche", finaliza Ambrosio Rodríguez.

Los demandantes no descartan que además de la demanda presentada en el Cuarto Juzgado Civil de Santiago, deban recurrir ante el Tribunal Constitucional, dada la grave discriminación de la que son objeto los alumnos de las escuelas particulares subvencionadas de la Asociación de Sostenedores Mapuche de ASOMA y de Chile en general.