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La fiscalía regional pidió prisión preventiva para el dirigente mapuche, pero el juzgado de Garantía la denegó y en su lugar lo dejó con cautelares de menor intensidad.
Además, se editaron mensajes de Whatsapp, creando una apariencia de continuidad que no refleja la realidad de las conversaciones del ex jefe de gabinete del gobernador regional de La Araucanía, con Rinett Ortiz.
La Región17/12/2024
Equipo AraucaniaDiario
110 días son los que en total pasó Juan Pablo Leonelli Lepin en prisión preventiva, la mayor parte de estos en la cárcel de Traiguén, donde incluso fue agredido por un interno en un hecho que se investiga, ya que habría sido un gendarme el que le permitió golpear, al ex jefe de gabinete del gobernador regional de La Araucanía y también ex comisionado presidencial para la Paz y el Entendimiento.
Sin embargo y al parecer, nunca debió pasar ni un día privado de libertad, ya que las supuestas evidencias presentadas al juez Mauricio Torres, para justificar la necesidad de apresar a Leonelli Lepin, dos meses antes de las elecciones para gobernador regional, habrían sido manipuladas antes de presentarlas al magistrado o presentadas de manera incompleta, dejando fuera pruebas que demostraban la inocencia del ex jefe de gabinete de Luciano Rivas.
Así lo demostró un peritaje externo presentado por la defensa de Leonelli, el cual fue tenido a la vista por la jueza Viviana García y que detalla una serie de irregularidades -a lo menos-, de las cuales detallaremos dos a las que pudo acceder AraucaniaDiario:
1) Se ha demostró que hubo mensajes de WhatsApp que fueron editados en su presentación (por la PDI o por la fiscalía regional), omitiendo contextos importantes y creando una apariencia de continuidad que no refleja la realidad de las conversaciones. Por ejemplo, se encontraron fotografías de listas de asistentes a los cursos que no fueron incluidas en los informes policiales, evidenciando que las actividades de capacitación efectivamente se estaban realizando.
2) La fiscalía omitió un audio recuperado del 26 de mayo de 2023, período en que supuestamente se estaba ejecutando el plan defraudatorio, del cual según la fiscalía sería parte el ex jefe de gabinete. En estas grabaciones, Leonelli Lepín expresa su satisfacción por el desarrollo del proyecto y discute la posibilidad de replicarlo en otras comunas debido al interés manifestado por diversos alcaldes.
La pruebas anteriores, que la fiscalía no presentó al momento de pedir la prisión preventiva de Juan Pablo Leonelli, demostraban claramente que nunca existió dolo en las actuaciones del ex jefe de gabinete de Rivas. Por ejemplo, al enviar las fotografías de las listas de asistencia de las beneficiarias a los cursos que ejecutaba Folab, queda claro que antes de que Rinett Ortiz le informara de su insolvencia, Leonelli Lepín lo desconocía.
De igual manera, el audio recuperado del 26 de mayo de 2023 y que ocultó la fiscalía, demuestra que a esa fecha Juan Pablo Leonelli pensaba -al igual que los funcionarios del Gobierno Regional- que los cursos se estaban desarrollando de buena manera, razón por la cual le pide a Rinett Ortiz poder realizarlos en otras comunas, ya que se lo están solicitando diversos alcaldes.
Para la defensa de Leonelli, que lleva adelante el abogado y profesor de Derecho Penal Gustavo Balmaceda Hoyos, junto al penalista Carlos Cornejo, estas dos evidencias, ocultadas por la fiscalía al juez de garantía Mauricio Torres, demuestran por sí solas que nunca hubo una intención de defraudar por parte del ex jefe de gabinete del gobernador regional.
"Este material contradice directamente la tesis del Ministerio Público sobre la existencia de un plan delictivo", puntualizan.
Pero hay más. Por ejemplo, se demostró, tanto por la defensa como por parte de la propia fiscalía, que Juan Pablo Leonelli nunca ha recibió ningún beneficio por las supuestas gestiones que realizó.
"La investigación bancaria ha sido concluyente: no se han detectado transferencias o movimientos financieros que vinculen a Leonelli Lepín con los fondos en cuestión. El informe policial específico sobre este punto confirma la ausencia total de beneficios económicos personales", señalan desde la defensa.
Y es que incluso en su momento, el propio juez Mauricio Torres, al intentar justificar por qué mandaba a Leonelli Lepin a la cárcel, dijo que el beneficio que había recibido era que "se hiciera realidad" su idea, de hacer los cursos que debía ejecutar Rinett Ortiz. Es decir, nunca hubo beneficio económico.
Así las cosas, la defensa de Juan Pablo Leonelli ya interpuso una querella criminal en contra de quienes resulten responsables, solicitando la incautación de teléfonos celulares y que se cite a declarar, tanto al fiscal que ayuda en a investigación al fiscal regional Roberto Garrido, como a él mismo, según informó ayer AraucaniaDiario.

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