
Ricardo Barría Dillems, ingeniero comercial, magíster en comunicación. Editor de AraucaniaDiario, miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Camilo Guzmán Martinez, presidente, Asociación de Agricultores Unidos A. G.
Opinión01/01/2025
Equipo AraucaniaDiario
El debate sobre el impacto de las políticas de restitución territorial y la agricultura convencional en La Araucanía, no puede desvincularse de un problema mucho más profundo: el terrorismo económico que enfrentan los habitantes de esta región. Este fenómeno, alimentado por el abuso de posición dominante de la agroindustria y el extractivismo económico, ha generado una crisis estructural que impide el desarrollo sostenible y equitativo.
La exseremi de Vivienda Ximena Sepúlveda, señala correctamente los efectos devastadores del monocultivo, pero es crucial ir más allá: estas dinámicas no son fallas accidentales, sino el resultado de un modelo económico diseñado para extraer riqueza de los territorios rurales, dejando a su paso pobreza, degradación ambiental y comunidades desprotegidas.
La concentración de riqueza en pocos actores, promovida por políticas que benefician a las grandes agroindustrias, ha marginado a los pequeños productores y habitantes de la región. Estos últimos no solo enfrentan suelos degradados y escasez hídrica, sino también la falta de oportunidades para participar en mercados justos y sostenibles. Este círculo vicioso de explotación económica es el verdadero "pozo sin fondo" que frena a La Araucanía.
El abuso de posición dominante por parte de grandes empresas agroindustriales y forestales no solo destruye el tejido social y productivo local, sino que también convierte los subsidios agrícolas en un mecanismo regresivo. Fondos destinados a apoyar a pequeños agricultores terminan en manos de estas grandes empresas, perpetuando un sistema de desigualdad económica. Además, la competencia desleal con productos importados, subsidiados en sus países de origen, agrava la situación, despojando a la región de cualquier posibilidad real de desarrollo autónomo.
Cualquier solución debe pasar por reconocer y enfrentar este terrorismo económico. Esto implica no solo fomentar modelos como la agricultura regenerativa, que combina justicia ecológica y territorial, sino también garantizar que las políticas públicas corrijan las distorsiones económicas que perpetúan este sistema de abuso.
La restitución de tierras no debe ser vista como un obstáculo, sino como una oportunidad para transformar el modelo productivo hacia uno basado en la colaboración con las comunidades locales, el respeto por la tierra y la equidad en el acceso a recursos y mercados. Este enfoque no solo es lo correcto, sino también indispensable para garantizar un futuro sostenible para todos los habitantes de La Araucanía.

Ricardo Barría Dillems, ingeniero comercial, magíster en comunicación. Editor de AraucaniaDiario, miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Dra. Mónica Acevedo, Directora de la Fundación Sochicar.

Ricardo Barría Dillems, ingeniero comercial, magíster en comunicación. Editor de AraucaniaDiario, miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Jorge Fonseca Salazar, Sociólogo y Magíster en Planificación y Gestión Territorial.

Ricardo Barría Dillems, ingeniero comercial, magíster en comunicación. Editor de AraucaniaDiario, miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Fernando Cortés Tello, Subdirector Unidad de Salud Pública DFTS, Universidad Central.

La ley de Presupuestos del año 2026 disminuyó en más de un 30% los recursos destinados a la compra de computadores del programa Becas Tic's.

Hasta el 4 de enero se podrá postular a las becas que formarán jóvenes de hasta 35 años, que quieran servir al país y contribuir a un Estado que funcione mejor.

La Municipalidad de la capital regional obtuvo un comodato por 5 años e invertirá en reparaciones, inicialmente, 450 millones de pesos.

Jorge Montes Coronado habría ocultado que mantenía procesos administrativos pendientes de resolución. Además, mantiene una relación de pareja con una funcionaria del Hospital de Angol.

Especial importancia tuvo la presentación de testigos que fueron calificados como "no imparciales" por el Tribunal, mientras la causa penal se mantiene suspendida.