Monocultivo forestal y desarrollo de la Región de La Araucanía
Simón Berti, presidente nacional y Emilio Guerra, presidente regional Araucanía, Colegio de Ingenieros Forestales A.G.
Recientemente, diversos medios regionales difundieron una nota de la Multigremial titulada "Crisis económica en La Araucanía: Millonarias pérdidas y miles de empleos afectados por la falta de inversión", acompañada, días más tarde, de una defensa al modelo extractivista vigente en una columna titulada "Monocultivo forestal y desarrollo de la Región de La Araucanía".
Más allá de los sugerentes títulos, preocupa que varios medios presenten estos textos como noticias objetivas cuando, en realidad, son opiniones que buscan legitimar intereses económicos de un sector específico.
Respecto a la primera columna de la Multigremial, es necesario hacer tres precisiones:
1. El Convenio 169 de la OIT no es un tratado bilateral entre Estados, es un Convenio, ratificado por los Estados, que forma parte del corpus de los Derechos Humanos y establece la obligación de reconocer y garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. En cuanto a la observación de la Multigremial sobre su aporte en la evaluación de proyectos, la CEPAL (2020), indica que las consultas previas, libres e informadas mejoran la gobernanza, reducen los conflictos sociales y aumentan la viabilidad de los proyectos a largo plazo.
2. Los proyectos de embalses y Waste to Energy (WTE) no fueron rechazados por "trabas burocráticas", sino por graves deficiencias ambientales, como lo advirtió el SEA (2024). Los embalses comprometían sistemas hídricos críticos y el proyecto WTE subestimaba las emisiones contaminantes, como señala el Informe Nacional de Emisiones de Chile (MMA, 2023).
3. Mejorar la eficiencia burocrática no significa reducir la legislación ni acortar derechos, sino optimizar los procesos para hacerlos más ágiles y transparentes, garantizando siempre la protección de los derechos fundamentales y la sostenibilidad ambiental.
Respecto a la pregunta planteada por Berti y Guerra, en la segunda nota, sobre cómo los árboles pueden empobrecer los suelos, haciendo alusión a la industria forestal, la respuesta se encuentra en la calidad del carbono capturado, la huella hídrica y sus efectos sobre la estructura del suelo de este tipo de plantaciones.
El Dr. Claudio Donoso, Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile y uno de los científicos chilenos más reconocidos en ecología forestal, ha destacado los efectos negativos de los monocultivos de especies como el eucalipto sobre los suelos. Según Donoso (2017), estos monocultivos pueden reducir la materia orgánica en un 20%, disminuyendo la capacidad de los suelos para retener agua y nutrientes, lo que agrava la erosión y la compactación. Además, un solo árbol de eucalipto puede consumir hasta 30 litros de agua por día, afectando las reservas hídricas subterráneas, lo que intensifica los problemas de sequía en zonas cercanas a plantaciones intensivas (Donoso et al., 2017). En contraposición, los sistemas agroecológicos regenerativos y los bosques nativos presentan una huella hídrica menor y son más eficaces en el secuestro de carbono. Investigaciones muestran que los suelos regenerados pueden secuestrar hasta 2 gigatoneladas de carbono anuales y mejorar la eficiencia en el uso del agua (Lal, 2020). Asimismo, las prácticas agrícolas regenerativas pueden reducir la huella hídrica agrícola en un 40% y almacenar entre un 25% y un 60% más de carbono que los suelos manejados convencionalmente (Paustian et al., 2019).
En su columna, Berti y Guerrero plantean un claro ejemplo de greenwashing al intentar lavar la imagen de la industria forestal, presentándola como sostenible mientras ocultan sus prácticas destructivas para el medio ambiente. De esta manera, buscan proyectar una falsa imagen de responsabilidad ecológica, a pesar de que la industria continúa con métodos que perjudican los ecosistemas y los recursos naturales.
Lo anterior alerta sobre la posibilidad de extensión de un muy lucrativo negocio en base a bonos verdes, instrumentos financieros destinados a financiar proyectos que promuevan la sostenibilidad, como la reducción de emisiones de carbono o la conservación de la biodiversidad, asociando estos bonos a la actual industria forestal del sur de Chile. Estudios internacionales muestra que muchas empresas han sido objeto de críticas al buscar obtener financiación bajo la etiqueta de "verde" sin cumplir con los estándares ambientales prometidos (Tiedemann et al., 2019). Esta falta de transparencia ha llevado a que los bonos verdes se conviertan en una fachada que oculta la falta de transformaciones reales en los modelos de negocio. En lugar de generar un cambio sustancial, pueden ser utilizados para mejorar la imagen pública de las empresas sin que existan compromisos reales con la sostenibilidad (Flammer, 2021). Así, en lugar de fomentar una verdadera transición ecológica, los bonos verdes pueden perpetuar el status quo de las industrias contaminantes y la degradación de las posibilidades de desarrollo de nuestra Araucanía.
Por su parte, la agricultura de monocultivo, tanto en cultivos de frutales como de cereales, ha demostrado un patrón similar de agotamiento de los suelos, reducción de la biodiversidad y aumento de la dependencia de insumos externos como fertilizantes y pesticidas. En la región de Los Lagos, estudios han mostrado que los monocultivos de frutales como el manzano y el arándano reducen la materia orgánica del suelo en un 20-30%, afectando su capacidad de retención de agua y nutrientes (Álvarez et al., 2018). Además, el cultivo intensivo de trigo en la zona central ha causado una disminución de la calidad del suelo similar, y la producción de remolacha y raps ha incrementado el uso de pesticidas y fertilizantes en un 35% en la última década debido a la mayor vulnerabilidad a plagas y enfermedades (SAG, 2019). Estos sistemas agrícolas, al depender de un solo tipo de cultivo, reducen la biodiversidad del suelo y favorecen la erosión, lo que compromete la sostenibilidad de la producción agrícola a largo plazo, ya que no permiten la regeneración natural de nutrientes y empobrecen la fertilidad del suelo.
Lo anterior no desconoce la historia ni la realidad socioeconómica de La Araucanía; al contrario, abre el debate hacia nuevas formas de entender el desarrollo sostenible, que no solo consideren la lógica económica actual, sino también el legado de las prácticas ancestrales de los pueblos originarios. Estas prácticas, basadas en la reciprocidad, la cooperación y el respeto por la naturaleza, son clave para pensar en modelos productivos inclusivos y respetuosos del territorio.
Sin embargo, la estigmatización del pueblo mapuche, exacerbada por la criminalización de sus demandas, ha generado un entorno de conflicto que afecta gravemente a la región, incluso en sectores clave como el turismo, una industria con gran potencial para generar réditos sostenibles. La imagen de violencia asociada al pueblo mapuche, alimentada por discursos que niegan su derecho a la autodeterminación y su lucha por la justicia social, impacta negativamente en la percepción de la región por parte de turistas nacionales e internacionales. Esta criminalización no solo impide un desarrollo económico inclusivo, sino que también socava la posibilidad de construir una colaboración público-privada que valore tanto el conocimiento ancestral como la innovación moderna, favoreciendo modelos productivos que beneficien a todos los actores sociales.
El propósito de concebir un nuevo modelo para nuestra región es construir un desarrollo genuinamente sostenible que equilibre la tierra, las comunidades y las generaciones futuras. Es fundamental reconocer que todo sistema productivo genera un impacto ambiental; sin embargo, el enfoque debe centrarse en minimizar ese impacto y asegurar que los recursos naturales se regeneren, promoviendo prácticas responsables que armonicen productividad y conservación para un bienestar duradero.
Finalmente señalo que resulta sorprendente cómo la simple disidencia respecto a los monocultivos es vista como una amenaza al sistema establecido. Lejos de ser una postura radical, la crítica fundamentada busca abrir el diálogo sobre alternativas viables para la región. El verdadero desafío radica en cuestionar un modelo que no ha generado los frutos esperados para La Araucanía y abrazar la posibilidad de un desarrollo más justo, sostenible y resiliente. La ofensa no es al sistema, sino a la posibilidad de avanzar hacia un futuro equilibrado.
Simón Berti, presidente nacional y Emilio Guerra, presidente regional Araucanía, Colegio de Ingenieros Forestales A.G.
Claudia Figueroa, académica de la Escuela de Fonoaudiología, Universidad Andrés Bello.
Ricardo Barría Dillems, ingeniero comercial, magister en comunicación. Editor de AraucaniaDiario, miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Camilo Guzmán Martinez, presidente, Asociación de Agricultores Unidos A. G.
Paulina Bobadilla, directora de Casa de los Niños del Colegio Epullay, Peñalolén.
Patricia Paillao Millán, CORE electa Cautín I.
Sólo el año pasado -en plena crisis de la universidad- se gastaron $735 millones en cometidos fuera de Chile y otros $400 por viajes dentro del país.
Moira Frías intentó doblar en un sector de Avenida Recabarren que no estaba habilitado, colisionando de frente con una camioneta que partió en dos su vehículo.
En sólo tres horas patrulleros municipales recuperaron vehículos que figuraban con encargo por delitos perpetrados en la región Metropolitana.
Simón Berti, presidente nacional y Emilio Guerra, presidente regional Araucanía, Colegio de Ingenieros Forestales A.G.
Roberto Neira enfrenta una acusación por violación, hecho presuntamente ocurrido a fines de 2021, contra una funcionaria municipal. Precaución: contenido sensible.