Equipo AraucaniaDiario
La Multigremial de La Araucanía entregó ayer su Informe de Violencia de marzo de 2025, en el cual se reconoce una disminución de 54% respecto al año 2024, en el acumulado de hechos de violencia. Si embargo, en el documento entregado al delegado presidencial de La Araucanía Eduardo Abdala, la organización de empresarios destaca lo que según su informe, son zonas de la región a las cuales el Estado no puede ingresar.
"El gobierno del Presidente Gabriel Boric lleva 1.116 días, de ellos 1.066 son bajo Estado de Emergencia, esto corresponde al 95,5%", manifestaron desde la Multigremial en su estudio.
"A pesar del Estado de Emergencia por 3 años, aún existen extensas zonas en la Macrozona Sur donde el Estado chileno no puede entrar, lo que muestra la necesidad de profundizar las estrategias para combatir las bandas criminales", agregaron, denunciando que más de 12 mil hectáreas de la región no son accesibles a la autoridad.
En el informe y cuadro anterior, destacan 3.800 hectáreas "fuera de la tutela nacional" en la zona costera Tirúa-Tranapuente, 3.200 en Temucuicui y 2.000 en Lumaco, entre otras zonas de la región.
Los dirigentes solicitaron reforzar el trabajo en conjunto para disminuir los altos índices de inseguridad en los sectores rurales de La Araucanía.
Se trata de un “huevo de juguete para cochecito brunch & go”, comercializado en Chile durante los años 2022 a 2025.
La mujer mantenía material para ser comprado en la plataforma para adultos Arsmate y fue bajado y difundido entre sus compañeros de trabajo.
Por norma los juicios laborales son públicos, pero en el caso de las demandas contra la universidad de la Frontera, el tribunal accedió a mantenerlas en secreto.
Federico Astete Catrileo es responsabilizado del ataque al Molino Grollmus, en Contulmo, el 29 de agosto de 2022, que dejó heridos graves y el edificio totalmente destruido.
Hoy jueves se realizará la audiencia clave sobre el proyecto WTE Araucanía en el 3er Tribunal Ambiental de Valdivia donde se decidirá si el proyecto continúa rechazado o se le abre una puerta para una nueva evaluación.
El funcionario presentó una acción de tutela laboral, luego de ser desvinculado de la universidad, tras una serie de decisiones que la llevaron a una crisis financiera.
En la ocasión, Cristian Mallol Comandari, recibió tan sólo una amonestación y pudo continuar haciendo clases. Dos estudiantes habrían quedado con estrés post traumático.
La decisión la adoptó la contralora general Dorothy Pérez, por motivos propios del servicio, pasando a desarrollar otras funciones dentro de la institución.
Por norma los juicios laborales son públicos, pero en el caso de las demandas contra la universidad de la Frontera, el tribunal accedió a mantenerlas en secreto.
La mujer mantenía material para ser comprado en la plataforma para adultos Arsmate y fue bajado y difundido entre sus compañeros de trabajo.
