Según declaró Patricio Marín, el exrelator y hoy juez de Temuco Roberto Herrera, habría alterado resoluciones judiciales con fechas falsas, para cubrir interceptaciones telefónicas realizadas sin autorización legal.
La Región17/04/2025
Equipo AraucaniaDiario
Según publicó el medio El Ciudadano, en base a las audiencia que se están desarrollando en el Caso Huracán, uno de los episodios más vergonzosos de la justicia chilena en Democracia, el exmayor de Carabineros Patricio Marín Lazo, reveló en estrados una denuncia que apunta directamente al actual juez del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco Roberto Herrera Olivos, exrelator de la Corte de Apelaciones de Temuco.
De acuerdo con la declaración de Marín, uno de los principales implicados en la manipulación de pruebas en el marco de esta causa, el juez Roberto Herrera habría entregado resoluciones judiciales alteradas, con efecto retroactivo, para cubrir interceptaciones telefónicas que fueron realizadas antes de contar con autorización legal.
De acuerdo a El Ciudadano, la gravedad de lo declarado sugiere que un funcionario judicial habría falsificado instrumentos públicos en coordinación con la unidad de inteligencia de Carabineros, todo en el contexto de una operación que afectó a dirigentes mapuche, abogados, periodistas y activistas.
La Operación Huracán fue oficialmente presentada en septiembre de 2017 como un exitoso operativo de inteligencia de Carabineros, que permitía a través de un software —supuestamente desarrollado por el ingeniero Álex Smith— interceptar comunicaciones y desarticular grupos mapuche acusados de terrorismo. Las pruebas que se exhibieron ante la opinión pública incluían conversaciones supuestamente extraídas desde celulares, autorizadas por la Ley de Inteligencia del Estado.
Sin embargo, a medida que avanzó la investigación, el caso se derrumbó. El Ministerio Público terminó por acusar a altos mandos de Carabineros y funcionarios de inteligencia de haber fabricado pruebas, incluso antes de obtener la autorización judicial para intervenir comunicaciones.
En paralelo, surgieron graves cuestionamientos sobre la validez de las resoluciones que habrían avalado las interceptaciones.
Hoy, a ocho años de la operación, los tribunales siguen dilucidando responsabilidades. Pero lo dicho por Marín Lazo ante el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco podría dar un vuelco: apunta directamente a un funcionario judicial que habría manipulado documentos clave.
En su declaración judicial del miércoles 9 de abril, el exmayor Marín Lazo relató que el entonces relator de la Corte de Apelaciones de Temuco, Roberto Herrera, intervino directamente para modificar el contenido de las resoluciones que autorizaban interceptaciones bajo la Ley N° 19.974. Según Marín, esto se produjo después de que los uniformados se percataran de que ya tenían en su poder mensajes cuya fecha era anterior a la resolución que autorizaba su interceptación.
De acuerdo con lo que Marín Lazo declaró en estrados, Herrera Olivos habría entregado nuevas resoluciones judiciales, con fecha anterior, que modificaban los términos de las originales, todo con el fin de justificar interceptaciones telefónicas ya realizadas antes de contar con la autorización judicial correspondiente.
"Antes del 15 de septiembre, mi coronel [Marcelo] Teuber junto con el capitán [Leonardo] Osses, nos juntamos en la reunión que teníamos todos los días y me comenta que él tiene un reparo y que habían logrado observar que las órdenes de las autorizaciones del ministro, eran a contar del día 9 de agosto. ¿Qué significaba eso? que, como el sistema del señor [Álex] Smith, creado por él, recuperaba información almacenada en los teléfonos, no era en línea o en vivo, habían conversaciones que no estaban autorizadas, porque ya estaban almacenadas", dice en su declaración Marín.
"No es que se interceptara la comunicación, se interceptaba el teléfono donde estaba contenida la información. Entonces evidentemente ya había información que estaba contenida, y este malware, o herramienta que usaba el señor Smith, recuperaba lo que ya estaba ahí y sacaba algunos mensajes que ya estaban ahí", agrega.
"Entonces, por ende, las conversaciones que estaban antes del día 9 de agosto, según la resolución, no estaban autorizadas. Bueno, es por ello, que yo le sugerí a mi Coronel Teuber, porque él me dijo: ‘bueno, y qué hacemos con esta información’. Yo le dije conversémoslo con don Roberto Herrera, que es quien tramita ...", cuenta además Patricio Marín.
"Con Roberto Herrera conversábamos todos los temas antes, así que le llamé por teléfono, me comuniqué con él y mi coronel me dispuso que le pidiera, si él tenía buena voluntad, que concurriera a las oficinas nuestras en la UIOE, en calle Pablo Neruda [Temuco] ... Don Roberto Herrera accedió, y asistió a una reunión con nosotros, no recuerdo la fecha exacta su señoría. Le planteé la situación, le dije: ‘don Roberto, tenemos este problema: estamos autorizados a interceptar las telecomunicaciones, lo que abarca todo, pero por sugerencia en su momento de parte de don Luis Arroyo [el fiscal], nos pidió que fuéramos más específicos y por eso se generaron estas resoluciones más específicas’. Don Roberto Herrera me dice que lo va a ver. Entendió nuestra inquietud que teníamos … nosotros le pedíamos que él nos dijera qué es lo que nosotros podíamos solucionar ...", sigue Marín en su declaración.
"Las fechas no las recuerdo claramente, pero sé que fue antes del 15 de septiembre. Don Roberto Herrera me pide que vaya a su oficina y que le lleve las resoluciones anteriores, que ya me había otorgado. Se las entregó y él [Herrera] me entrega unas nuevas resoluciones. La resolución del día 9 de agosto y la del 7 de septiembre. Con la modificación de que era autorizado para interceptar 90 días y recuperación de interceptación 30 días antes de los mensajes, las dos venían de la misma manera", dice Marín.
Como vemos, según El Ciudadano, Marín al expresar que el sistema de Smith solo recuperaba información ya almacenada en un dispositivo, no en línea o en vivo, significa que había mensajes que no estaban cubiertos por órdenes judiciales. Por eso habría ido en busca de Herrera, quien además —según su relato— accedió a entregar nuevas resoluciones con efecto retroactivo, es decir, con la misma fecha, pero ampliando su alcance para justificar intervenciones anteriores.
Asimismo, el exmayor aseguró que Herrera le pidió que llevara las resoluciones originales y que en su oficina de la Corte habría recibido documentos idénticos, incluso con la misma fecha, pero ahora con autorización para interceptar comunicaciones con efecto 30 días hacia atrás.
La Ley de Inteligencia (19.974) permite interceptaciones de comunicaciones solo con autorización judicial previa. No existen en el ordenamiento jurídico chileno figuras que permitan intervenciones retroactivas. Ni técnica ni legalmente es posible recuperar legalmente mensajes anteriores a la autorización, y mucho menos justificar esa obtención mediante resoluciones con fecha falsa o modificada.
La creación de resoluciones aparentemente «idénticas» pero alteradas representa, según juristas consultados y en función de lo declarado, una posible falsificación de instrumento público, delito tipificado en el artículo 193 del Código Penal. La responsabilidad se agravaría al tratarse de un funcionario judicial.
Marín Lazo y Herrera Olivos se conocían previamente. En los años 2009 y 2010, Roberto Herrera, junto con el fiscal Luis Arroyo, eran abogados asistentes del fiscal Sergio Moya, quien estaba encargado de las investigaciones sobre la denominada violencia rural y conocido por liderar indagaciones contra comunidades mapuche mediante la aplicación de la ley de conductas terroristas. En ese contexto, Marín ya habría desempeñado funciones en coordinación con el Ministerio Público.
El nexo entre Carabineros y el Poder Judicial parece haberse afianzado desde entonces, dando lugar —según la declaración de Marín— a un canal de comunicación informal para gestionar resoluciones en el marco de la Operación Huracán.
De comprobarse los hechos narrados, el caso Huracán dejaría de ser únicamente un caso de fabricación de pruebas, para transformarse en una red más profunda de complicidades institucionales que habrían comprometido gravemente el Estado de Derecho.
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