La Comisión de Paz de Boric: un engaño con sello estatal

A poco de iniciado el gobierno de Gabriel Boric, ya manifestábamos nuestras dudas frente al rumbo que tomaba su administración, marcada por un claro giro “concertacionista”, replicando prácticas del modelo que históricamente ha ignorado o reprimido nuestras legítimas reivindicaciones. Pero no pasó mucho tiempo para que nuestras sospechas se confirmaran: su gobierno no sólo repitió el abordaje reduccionista del llamado “conflicto mapuche”, sino que profundizó el camino represivo iniciado por sus predecesores.

El inicio y la mantención del Estado de Excepción en Wallmapu a lo largo de todo su mandato —inédito por su duración y alcance— superó incluso a los gobiernos anteriores. A esto se sumó un giro comunicacional alarmante: de pronunciar “Wallmapu” pasó rápidamente a hablar de “macro zona sur” y de “violencia rural”, desplazando el foco desde nuestras demandas hacia una narrativa de criminalización. Las víctimas del despojo fuimos convertidas en victimarios.

Cuando se propuso la creación de una Comisión por la Paz y el Entendimiento con el pueblo mapuche, miramos la iniciativa con cautela, considerándola sensata si se acompañaba de hechos concretos. Les dijimos en Santiago: si no se discute la restitución de las diez millones de hectáreas usurpadas por el Estado en el lado chileno del Wallmapu, no será posible avanzar. Hoy, esa comisión culmina su labor, y la conversación quedó limitada a los “títulos de merced”, negando la existencia y legitimidad de nuestras tierras tradicionales.

Paralelamente, Boric firmó las leyes más represivas contra nuestro pueblo: la ley de usurpación, que criminaliza la recuperación de tierras en manos de colonos; la ley de robo de madera, que favorece directamente a las forestales; y una nueva ley antiterrorista que se aplica casi exclusivamente en el contexto del conflicto territorial mapuche. Estas normas consolidan el despojo bajo un lenguaje jurídico sofisticado, pero profundamente violento.

El informe final de la comisión —presentado justo al cierre del gobierno— confirma lo que advertimos desde el inicio. Dos aspectos centrales destacan: la distorsión de la noción de “víctima” y la restricción deliberada del debate territorial. Según el relato oficial, los victimarios históricos —colonos, forestales, el propio Estado— aparecen ahora como “víctimas”. En cambio, quienes hemos resistido el despojo, sufrimos su criminalización. Esta lógica invierte los hechos y deslegitima la lucha de nuestras comunidades.

Territorialmente, se nos pretende encasillar en el 5% del Wallmapu reconocido por el Estado tras la invasión militar de fines del siglo XIX, como si nuestra existencia comenzara recién entonces. Más del 90% de nuestro territorio ancestral ni siquiera se considera discutible. Para peor, el informe sugiere avanzar en la liberalización del mercado de tierras indígenas, debilitando aún más la precaria protección legal existente.

Además, proponen como criterio el puntaje del “Registro Social de Hogares” para acceder a tierra como una cuestión de pobreza social; desconociendo igualmente a los miles de mapuche desplazados a las ciudades como consecuencia directa del despojo. Tampoco hay una sola palabra sobre la industria forestal, salvo vagas menciones sobre su supuesta “disposición” al diálogo. ¿Cómo esperar entendimiento si los fundos están custodiados por militares y los monocultivos avanzan sobre nuestros territorios?

Este informe, y el proceso en que se gesta, es profundamente peligroso. Lejos de contribuir a la paz, reproduce y legitima el negacionismo, maquillado de diálogo institucional. Las recomendaciones resultan inconducentes desde el marco de los derechos colectivos y del derecho internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara: mientras exista vínculo con las tierras tradicionales, persiste el derecho a la restitución. Un principio que dialoga con nuestra propia ley mapuche o az mapu: “iñ mapuchegen ta rumelmogelerpuayñ taiñ wallmapu mew” (los mapuche seremos imperecederos en nuestro propio territorio).

Los conceptos, estándares y procedimientos que propone esta comisión no se fundan en la verdad histórica ni en principios de justicia, sino en la conveniencia política y económica de los sectores dominantes. Muestra de ello es la desprotección que se propone hacia las tierras mapuche frente al mercado.

Nos duele ver cómo académicos, ex dirigentes y autodenominados “expertos” —muchos de ellos partícipes de la comisión— validan sus conclusiones, valorando el proceso como un “avance”. Pero mientras formaban parte de seminarios y presentaciones, en paralelo se aprobaba la más sofisticada batería de leyes anti mapuche en décadas. A ellos les preguntamos: ¿de qué sirvió llenar páginas sobre el despojo y el colonialismo, si hoy callan frente a su institucionalización?

Lo mismo vale para los “críticos de fin de gobierno”, que después de negociar cargos o beneficiarse de proyectos hoy se desmarcan de la comisión o del gobierno. La lucha mapuche exige coherencia, compromiso y, sobre todo, verdad.
Hoy, es Alfredo Moreno y su sector quienes se alzan como los verdaderos triunfadores. El informe de la Comisión no es un aporte a la paz ni al entendimiento. Es un acto más de la negación histórica y política hacia nuestro pueblo. ¡Marichiweu!

ATM-Alianza Territorial Mapuche