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La iniciativa es financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio mediante el Fondart Regional de La Araucanía, convocatoria 2025.
Según la auditoría realizada por la CGR ese monto es parte de un total que quedó sin ejecutar, pero que no está disponible en sus cuentas corrientes.
La Región21/10/2025
Equipo AraucaniaDiario
La Contraloría Regional de la República (CGR) Araucanía, detectó una serie de inconsistencias presupuestarias en la Universidad de La Frontera (UFRO) y ordenó reintegrar más de $4.300 millones al fisco, que es parte de un total que quedó sin ejecutar, pero que no se encuentra disponible en las cuentas corrientes de la universidad estatal.
De acuerdo a la auditoría realizada, sobre los recursos del Aporte Institucional de Universidades Estatales (AIUE), entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2024, la UFRO percibió recursos del Estado por más de $27.417 millones, pero al 31 de diciembre del año pasado había rendido $21.776 millones a la Subsecretaría de Educación Superior, quedando por ejecutar más de $5.641 millones al 31 de diciembre de 2024.
Lo anterior se informó en el Informe Final N° 475 de 2025, donde la CGR determinó que, al revisar las cuentas corrientes habilitadas exclusivamente para el control financiero de los fondos, estos presentaban un saldo de solo $1.302 millones, constatándose la falta de disponibilidad por más de $4.339 millones.
Así, la Contraloría ordenó a la UFRO reintegrar dicho monto a Rentas Generales de la Nación, debiendo acreditar los antecedentes correspondientes a la CGR en 30 días hábiles.
Por otro lado, la Contraloría verificó que, entre septiembre de 2023 a junio de 2024, se efectuaron traspasos de fondos del AIUE por más de $5.650 millones, desde las cuentas corrientes destinadas al control financiero, para financiar remuneraciones del personal, lo que resulta improcedente y podría configurar el delito de fraude al fisco.
Finalmente, la Contraloría envió el informe al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y a la Superintendencia de Educación, para los fines que correspondan.

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