
Dos meses lleva presa anciana mapuche denunciada por el Gobierno, forestal Arauco y Mininco
Francisca Curihuinca Calcumil fue denunciada -con testimonios de guardias de seguridad pagados- de asociación ilícita, hurto de madera y amenazas.
El escrito señala que el terreno corresponde un bien fiscal, por lo que los actos de la autoridad local son "arbitrarios" y no tienen "competencia" para ejecutar dicha medida. Desde hace un mes los dirigentes han intentado establecer un diálogo con la municipalidad. Sin embargo, aseguran que esta posibilidad se les ha negado reiteradamente.
La Región11/07/2020A un mes de haber recibido el decreto que ordena el desalojo, la demolición y el cierre definitivo del campamento "Esfuerzo por Venir", del sector Pueblo Nuevo en Temuco, dirigentes de la toma ingresaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, en la cual solicitan la orden de no innovar, para dejar en espera esta resolución hasta que el tribunal de alzada revise el caso.
"Este es un recurso de protección para pedir que la Corte se pronuncie y no le de ha lugar la orden de desalojo al señor alcalde, porque es un sitio abandonado desde hace 16 años, donde se presta para la delincuencia o microbasural y nosotros lo tenemos limpio. Son 16 las familias que vivimos allí", comentó Lorena Reyes, dirigente del campamento.
El escrito, interpuesto por el abogado Gabriel González Millado, señala que el terreno corresponde a un bien fiscal, por lo que los actos de la autoridad local son "arbitrarios" y no tienen "competencia" para ejecutar dicha medida, sino que le corresponde pronunciarse a los tribunales de justicia.
Igualmente, el abogado señaló: "existe un derecho a respetar, los derechos políticos, sociales y a la vivienda. Estos son resguardados por instrumentos jurídicos internacionales. Además, la constitución política también resguarda el derecho a la salud particularmente en momentos de pandemia".
"La acción de protección constitucional tiene por objeto de que los actos, tanto de desalojo como de demolición que ha dictaminado la autoridad local, puedan ser revocados por la Ilustre Corte de Apelaciones de Temuco", dijo el abogado.
"... porque esto le esta produciendo un grave perjuicio a los campamentos en el actual contexto de pandemia (...) y no se pueden hacer actos que puedan atentar contra la salud, contra la dignidad de las personas y particularmente, en este contexto como hemos dicho de pandemia, esto sería una propagación más del virus. Los servicios públicos no pueden estar determinados con este fin", agregó González.
Antecedentes
El pasado 10 de junio los dirigentes de la toma "Esfuerzo por Venir" habrían recibido una resolución donde se les notificó que se procedería el desalojo de toda persona que actualmente hiciera ocupación del terreno, además de la demolición de las construcciones que se encuentren allí presente y del cierre del terreno.
Con ocasión de esto, acudieron al frontis de la intendencia de la región para manifestarse contra la orden firmada por alcalde Miguel Becker, por considerarla como "inhumana" en medio de la pandemia, ante la carencia de viviendas de quienes se encuentran en estos territorios.
Falta de diálogo
De acuerdo con el dirigente social de Temuco Fernando Arzola, la autoridad local se ha negado a la posibilidad de establecer un diálogo con quienes habitan en estas tomas, razón por la cual se tomó la decisión de interponer el recurso, sin embargo reiteró que aún mantienen la expectativa de que la municipalidad decida reunirse con estos grupos.
"El tema de reunirnos acá hoy día es que la gente visualice y vea la triste realidad que viven los pobladores de los campamentos de Temuco (...) siempre se ha pedido el diálogo y este nunca ha ocurrido, motivo por el cual los vecinos están pensando en ejercer acciones diferentes, como manifestaciones", dijo Arzola.
"La gente esta cansada de la negativa que hay a este diálogo por parte de la municipalidad, hay poca empatía con la gente y esto es porque no conoce la realidad de la ciudad, Temuco es una ciudad pobre con la cara limpia, llena de áreas verdes y son viviendas lo que realmente necesita la gente de Temuco", agregó el dirigente.
Arzola señaló que con este recurso también se espera que pueda servir como antecedente o jurisprudencia en el área legal, para que beneficie a otros campamentos.
Francisca Curihuinca Calcumil fue denunciada -con testimonios de guardias de seguridad pagados- de asociación ilícita, hurto de madera y amenazas.
La exitosa iniciativa busca difundir la cultura del autocuidado, las terapias complementarias y los estilos de vida saludables, para que se complementen con la medicina convencional.
En el marco del mes de la mujer se analizó esta problemática que según estadísticas, afectan a un 85% de las mujeres que ocupan la red.
El legislador expresó su preocupación por la ausencia de autoridades con experiencia en la nueva cartera, particularmente en la región, donde aún no se designa un seremi titular.
La cifra se distribuye en La Araucanía de manera desigual entre los municipios de la región, pero ello tiene un motivo: se estableció un coeficiente de distribución que analiza las necesidades y condiciones específicas para cada comuna, algo que ocurre con todos los municipios del país.
René Saffirio destacó la gestión de la Alcaldesa Jacqueline Romero y el Concejo Municipal en el rescate de este importante lugar de esparcimiento de la comuna de Pitrufquén.
El fiscal regional de O'Higgins pidió la incautación del celular de Pablo Urquízar, por los mensajes de texto con el abogado Luis Hermosilla, para el nombramiento de jueces en el Poder Judicial.
El candidato presidencial de derecha del Partido Nacional Libertario criticó el apoyo a pequeños agricultores a través del Indap, INIA o CNR.
Según Roberto Garrido no hay condiciones de seguridad para llevar a cabo la diligencia, que busca establecer si el joven miembro de la CAM fue "rematado" de un tiro en la cabeza por Carabineros.
Luis Morales falleció luego de una diligencia muy mal planificada por el entonces fiscal regional Cristián Paredes, muerte por la cual nadie respondió administrativamente.
Luego de una denuncia del diputado Miguel Mellado, la Contraloría detectó falta de acciones concretas de conservación, reparación y regularización del inmueble.