
Ricardo Barría Dillems, ingeniero comercial, magíster en comunicación. Editor de AraucaniaDiario, miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Eugenio Tuma Zedan, ex senador de la Araucanía.
Opinión02/09/2020
Equipo AraucaniaDiarioPor estos día en chile se vive una crítica situación sanitaria, económica, social y política como nunca antes en nuestra historia y si a ello le agregamos que en las regiones del Bio Bio, Araucanía y los Ríos un cuadro de creciente violencia rural con atentados que provocan terror con pérdidas de vidas humanas, ya sean estas de adultos mayores, conductores o incluso una niña herida a bala y cientos incendios de camiones, maquinaria, infraestructura rural y víctimas inocentes de una escalada provocada por encapuchados quienes enarbolan demandas históricas del pueblo mapuche en relación a la ocupación y despojo de lo que fuera hace menos de 160 años la Nación Mapuche y sus tierras desde el río Bio Bio hasta el Toltén.
Como si ello no fuera suficiente, organizaciones del transporte terrestre ante la inseguridad para transitar sin riesgo de pérdidas humanas y materiales han llamado a un paro de camiones que impiden el libre tránsito por los caminos y carreteras de nuestro país, provocando desabastecimiento de insumos básicos para la población, exigiendo la aprobación de cuerpos legales que fortalezcan la persecución penal para los autores de estos delitos.
Ni la justa demanda del pueblo mapuche, ni el legítimo reclamo de los transportistas justifica ni ética ni moralmente la violencia, cualquiera sea su forma para lograr sus objetivos.
La violencia rural se debe condenar y perseguir pero no va a terminar solo con la persecución penal, porque su motivación básicamente es de una demanda de carácter político que se debe enfrentar con voluntad política para una reparación por los efectos y daños de una decisión del propio Estado.
Las demandas de los camioneros respecto de seguridades para trabajar, por el carácter de los hechos de violencia rural será inviable garantizar que no ocurrirán, ni aún con la aprobación de leyes más punitivas por estos actos violentos, resultando un espejismo los objetivos buscados ,ni menos violentando con esta paralización extendida del libre transito, que castiga a la población y muy especialmente a los más vulnerables.
El transporte se paraliza por ser víctimas de la violencia rural originada por los actos del Estado creando víctimas en el pueblo mapuche y éste círculo vicioso sólo se puede interrumpir si las autoridades del gobierno asumen como una política de Estado un acuerdo con el pueblo mapuche para una reparación que considere su reconocimiento y su plena participación en el desarrollo de una sociedad multicultural. De ahí entonces la relevancia de agilizar la creación del Consejo de pueblos . Porque a pesar de quienes le restan importancia, es la única instancia para que este acuerdo tan trascendental para la convivencia futura tenga validez en el pueblo mapuche. Así y solo así iniciaremos el anhelado camino del entendimiento y la Paz en la Araucanía.

Ricardo Barría Dillems, ingeniero comercial, magíster en comunicación. Editor de AraucaniaDiario, miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Dra. Mónica Acevedo, Directora de la Fundación Sochicar.

Ricardo Barría Dillems, ingeniero comercial, magíster en comunicación. Editor de AraucaniaDiario, miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Jorge Fonseca Salazar, Sociólogo y Magíster en Planificación y Gestión Territorial.

Ricardo Barría Dillems, ingeniero comercial, magíster en comunicación. Editor de AraucaniaDiario, miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Fernando Cortés Tello, Subdirector Unidad de Salud Pública DFTS, Universidad Central.

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