Hasta días previos al juicio, el imputado seguía desarrollando labores en el mismo colegio, por ello la joven dijo haberse sentido desamparada y se cambió a otro centro de estudios en Lautaro. El establecimiento no adoptó ninguna medida contra el funcionario.
La Región17/10/2020
Yuliana Montiel
A sufrir una pena de 3 años y un día de presidio, además de la inhabilidad para ejercer trabajos con menores de edad, fue sentenciado un auxiliar de un colegio que en 2017 abusó sexualmente de una alumna de 11 años de edad, en la comuna de Lautaro.
La víctima vivía en el campo junto a su madre y hermanos y se trasladaba hasta la Escuela "Huinca Railao" en un furgón conducido por Marcelo Catrupay, de 47 años, quien además era auxiliar de ese establecimiento. El 10 de abril de 2017, cuando el condenado la llevaba de regreso a su hogar detuvo el vehículo en las cercanías del sector Los Aromos, le tomó la cabeza y la besó utilizando la fuerza.
El fiscal Miguel Velásquez valoró la sentencia dictada por el Tribunal Oral de Temuco, que estimó que el que un hombre de 47 años besara en la boca a una niña de 11 años constituye un delito de abuso sexual.
El persecutor explicó que además de la pena de 3 años y un día de presidio Catrupay fue condenado a la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad.
"Hasta días previos al juicio el imputado seguía desarrollando labores en el colegio donde se desarrolló toda esta dinámica de abuso sexual", indicó el fiscal, quien informó que enviará los antecedentes a las autoridades educacionales pertinentes y también al Ministerio de Transportes, ya que el condenado no contaba con licencia para conducir un vehículo de transporte escolar.
En el juicio la víctima relató que lo sucedido le generó mucha angustia y que en 2017 contó lo ocurrido a su hermana y luego a su madre, quien a su vez denunció el hecho a la dirección de la escuela. Sin embargo el establecimiento no adoptó ninguna medida contra el funcionario y tampoco denunció el posible delito, pese a tener obligación legal de hacerlo.
La niña dijo haberse sentido desamparada, por lo que al año siguiente optó por cambiarse a otro colegio de Lautaro, donde contó el episodio a un psicólogo, quien sí hizo la denuncia.
La senadora Carmen Gloria Aravena solicitó un plazo adicional, el que los demás comisionados consensuaron, solicitándole al Presidente Gabriel Boric hasta el 30 de abril.
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